CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un primer caso de corrupción, relacionado con quienes tomaron el control del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en Hidalgo, pone por primera vez en el banquillo a uno de los muchos cacicazgos históricos que apoyaron la candidatura de Andrés Manuel López Obrador el año pasado.
Se trata del llamado “Grupo Universidad”, formación con varias décadas de control hegemónico en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), tan poderoso en su región que solía obtener cuotas políticas, como un sector más del PRI, en espacios legislativos y de la administración pública, hasta que su líder, Gerardo Sosa Castelán, rompió con sus antiguos aliados.
Gerardo Sosa Castelan, flanqueado por diputados morenistas/Foto: Benjamin Flores
La oportunidad se presentó magnífica: enemistado con Miguel Ángel Osorio Chong, pero también con el gobernador Omar Fayad, el cacique universitario pudo concretar una vez más las candidaturas para sus incondicionales a través de Morena no obstante el reclamo de los izquierdistas históricos y los obradoristas luchones que venían desde los tiempos del desafuero, así como de las elecciones de 2006 y 2012, que hicieron saber su malestar en los mítines proselitistas de 2018.
Eso ocurrió con regular frecuencia en muchas entidades federativas. Que el proyecto de cambio incluyera a expriistas, expanistas y experredistas recientes, que en no pocos casos tenían agravios pendientes con el morenismo incipiente de otros años, se respondió una y otra vez por el hoy presidente de México, como un asunto de pragmatismo: conseguir adhesiones para ganar la Presidencia y luego ver.
Naturalmente, ese tipo de adhesiones parecían (y en muchos casos parecen) sellar pactos de impunidad… excepto, por ahora, en el caso de Sosa Castelán y su grupo.
No es posible saber si hay una razón política, pero lo que si hay es una evidencia, aparentemente ya acreditada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por movimientos en torno a 150 millones de dólares, que naturalmente son inexplicables.
¿Cómo es que una universidad pública puede mover así, sin afectar su operación, 150 millones de dólares a Suiza y recibirlos de regreso? Cuál es la procedencia de esos recursos? Para qué serían destinados? Quién controla las cuentas? Bajo que supervisión?
La revelación de esas operaciones, posiblemente filtradas desde la UIF –a cuyo titular Santiago Nieto Castillo, no se le da muy bien aquello del debido proceso—surgió a principios de marzo, una semana después de que Gerardo Sosa Cravioto, hijo Sosa Castelán, muriera asesinado en un ataque a tiros hasta ahora insuficientemente esclarecido.
La noche del pasado viernes, la UAEH –donde Sosa Castelán ocupa la presidencia de un patronato cultural— informó, a través de un comunicado signado por el rector Adolfo Pontigo, el congelamiento de todas las cuentas de la casa de estudios, afirmando que siempre operó en la legalidad y que la UIF ponía en riesgo su operación y la nómina.
Fue justo al día siguiente del desafuero del diputado de Morena (pero principalmente, del Grupo Universidad), Cipriano Charrez, a quien se le imputa un atropellamiento con persona fallecida y huida, presuntamente en hechos ocurridos el año pasado.
En una perspectiva tradicional, el cacicazgo de Sosa Castelán agoniza; también sería un mensaje para los grupos políticos que treparon al morenismo en el último año y medio, algo especialmente relevante pues el manotazo anticorrupción sería en las filas del partido que el hoy presidente fundó. Y, finalmente, sería un llamado de atención para el resto de los caciques universitarios en Durango, Sinaloa y, señaladamente, en Jalisco.
Lo único que puede salir mal es que la impericia de Santiago Nieto, titular de la UIF, deje el asunto impune, de manera que el caso ejemplar anticorrupción para el arranque de sexenio, resulte como ha ocurrido en sexenios pasados, en un rotundo ridículo.
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