POR ISAÍN MANDUJANO , 12 MARZO, 2016
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- A 20 días de la destitución de tres consejeros electorales y la confirmación pública del fraude electoral que implicó el voto de los chiapanecos en el extranjero, la Fepade y el INE aún no resuelven el caso, pues aún hay investigados y señalados como presuntos responsables del ilícito.
Además de la serie de irregularidades que cometieron antes, durante y después de la jornada electoral del pasado 19 de julio, sólo tres de los siete consejeros electorales fueron removidos, pese a que los acuerdos eran tomados en el pleno por el cuerpo colegiado.
Es por ello que la Red Chiapas por la Paridad Efectiva (Repare) interpuso un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en contra de la resolución del Consejo General del INE, ya que lo que la ONG exige es que sean todos y no sólo tres los consejeros removidos.
El INE cesó de sus cargos a Ivonne Miroslava Abarca Vázquez, a Margarita Esther López Morales y Carlos Enrique Domínguez Cordero; sin embargo, se abstuvo de remover a la consejera presidenta María de Lourdes Morales Urbina, Lilly de María Chang Muñoa, Jorge Manuel Morales Sánchez y María del Carmen Girón López.
Lorenzo Córdova Presidente del INE/Foto: Benjamin Flores
Los siete consejeros fueron los primeros del órgano electoral local en ser electos bajo un proceso estricto de selección y filtro impuesto por el Consejo General del INE, por lo que se esperaba que fungieran con mucha diligencia y profesionalismo, refiere Repare en su reclamo, sin embargo, aquéllos cometieron diversas irregularidades y violentaron la ley electoral de manera reiterada, de tal manera que vulneraron el derecho de miles de ciudadanos a votar y ser votados.
Entre los casos más graves destaca el hecho de no haber respetado la paridad de género, por lo que confundieron a miles de chiapanecos a la hora de votar, pues los nombres en las boletas no correspondían con el candidato finalmente postulado.
Pero sin duda fue la elección del llamado “diputado migrante” lo que destapó la cloaca en el IEPC de Chiapas.
La empresa DSI Elecciones contratada para realizar esos comicios fue la misma que entabló contra el órgano electoral un litigio por un adeudo de 12 millones de pesos por las elecciones del voto en el extranjero en 2012.
Es decir, el IEPC contrató a la misma empresa que la tenía demanda por adeudarle 12 millones de pesos.
Pero ahora la empresa, propiedad de Vicente Manzur Molina, hizo todo lo posible y en complicidad con el órgano electoral por hacer ganar a su primo hermano Roberto Pardo Molina, un chiapaneco radicado en McAllen, Texas, que se postuló con las siglas del PVEM.
Lo sorprendente es que el órgano electoral y DSI Elecciones “inflaron” el registro de electores chiapanecos en el extranjero, que pasó de mil 192 solicitudes en 2012 a 17 mil 573 en el 2015.
Por esa maniobra unos 10 mil 808 chiapanecos no pudieron votar en esta entidad el 19 de julio pasado, pues posteriormente se supo que sus nombres aparecieron en la lista de votantes en el extranjero, presuntamente radicados en países tan distantes como Uganda, Cabo Verde, República Checa y otros.
Y no sólo que habían votado, sino que la mayoría de esos sufragios fueron para el candidato del Verde, Robert Pardo Molina, y pocos o casi nada para los otros contendientes.
Tras conocerse el fraude electoral, el diputado local migrante Roberto Pardo Molina fue desaforado de su cargo y ahora es investigado junto con la empresa DSI. El representante legal de ésta, Carlos Díaz, fue detenido y llevado preso al penal de El Amate.
Es por ello que “el grupo plural de mujeres que integra la Repare considera que la resolución del INE es incongruente e inconstitucional”, y asegura que el Consejo General de ese órgano electoral no puede garantizar que los consejeros del IEPC Chiapas que no fueron removidos de su cargo actúen como lo mandata la propia Constitución y la normatividad electoral, cuyos principios rectores son certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, dice el organismo integrado por decenas de mujeres activistas, académicas, investigadoras y funcionarias públicas o políticas.
Las mujeres han iniciado una campaña en Change.org para recabar firmas, pues señalan que los consejeros que no fueron removidos de sus cargos, serán responsables de los próximos comicios en la entidad. “Ya no confiamos en la autoridad local electoral. Han pasado por encima de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, los cuales deben regir a esa institución”, sentencian.
A la par de los tres consejeros removidos y que impugnaron su cese ante Poder Judicial federal, otros de los funcionarios electorales en Chiapas que dimitió de su cargo fue Jesús Moscoso, quien fungía como secretario ejecutivo del IEPC, la mano derecha de la consejera presidenta.
Tras el rumor de si fue echado o renunció, Moscoso Loranca salió al paso para señalar que renunció con fecha 29 de febrero para facilitar las investigaciones a las autoridades electorales.
El ahora exfuncionario dijo que en el contexto de lo acontecido recientemente hay muchos “ánimos encendidos” de los consejeros que fueron removidos, lo cierto es que, justificó, no manejaba recurso alguno en su cargo, y aunque en su momento le imputaron acciones con respecto a la elección del diputado migrante, este asunto, sostuvo, lo ha aclarado en su momento con las pruebas necesarias ante la Fiscalía Electoral y el juzgado penal respectivo.
En este contexto, la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Electorales Locales del INE aprobó la convocatoria para la designación de los consejeros del IEPC estatal que sustituirán a las tres personas que removió el 19 de febrero.
Durante su primera sesión ordinaria, que fue transmitida a través del portal oficial de la institución, los integrantes de esta comisión: Arturo Sánchez Gutiérrez, Adriana Favela Herrera, Marco Antonio Baños y Ciro Murayama Rendón, votaron a favor del proyecto de acuerdo, que establece del 28 de marzo al 5 de abril como el plazo para que los aspirantes presenten sus solicitudes de registro para el proceso de selección.
A más tardar el 31 de mayo, el Consejo General del INE designará a quienes sustituirán a Ivonne Miroslava Abarca Velázquez, Margarita Esther López Morales y Carlos Enrique Domínguez Cordero.
Además, los consejeros del INE determinaron, en un transitorio, que los consejeros electorales de Chiapas no pueden reelegirse, ello con el fin de garantizar la renovación en los cargos.
De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los requisitos para aspirar al cargo de consejero del IEPC son: ser mexicano de nacimiento, originario de Chiapas o contar con una residencia de al menos cinco años en la entidad; tener más de 30 años, tener buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno.
Asimismo, no haber sido registrados como candidatos ni haber desempeñado algún cargo de elección popular en los últimos cuatro años; no haber desempeñado funciones de dirigente nacional, estatal o municipal en algún partido político, ni como titular de alguna secretaría o dependencia de los gobiernos federal y estatal en los últimos cuatro años.