26 DE NOVIEMBRE DE 2015
En los dos últimos sexenios las constructoras se han multiplicado en Chiapas. Pero no es un signo de auge: un grupo de empresarios del ramo denuncia que en muchos casos se trata de compañías creadas exprofeso por políticos para enriquecerse con contratos obtenidos gracias a sus contactos en el gobierno. Advierten: si no se combate a fondo la corrupción en las licitaciones de obra pública, sus compañías irán a la quiebra y se incrementará el desempleo.
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (Proceso).- Los constructores de Chiapas han denunciado la corrupción que, afirman, llegó a muy altos niveles en la administración de Juan Sabines Guerrero y se ha tornado crítica en la de Manuel Velasco Coello.
Señalan que amigos y familiares del gobernador, así como empresas de otros estados, se llevan la mayoría de los millonarios contratos de obra pública mientras que las empresas locales quiebran o reciben contratos secundarios, con los que apenas consiguen subsistir y pagar el poco personal que les queda.
Entre los favorecidos por Velasco Coello señalan a su primo Juan Pablo Orantes Coello y a su amigo Juan Pablo Montes de Oca Avendaño, que son funcionarios de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones (Seinfrac).
Tras las insistentes denuncias, el primero fue destituido como subsecretario técnico pero algunos constructores indican que aún despacha en esa dependencia.
Luis Moya Constantino, de la Organización de Constructores Independientes del Estado de Chiapas (OCIECH), dice que los contratos no se ajustan a la reglamentación para la obra pública y se otorgan de forma arbitraria a empresas creadas recientemente y que no cumplen con los requisitos ni tienen experiencia.
La OCIECH señala como ejemplo de ese trato privilegiado a la firma Arrendadora y Constructora Yalem Chem, registrada el 18 de enero de 2013, en los primeros días del gobierno de Velasco Coello, ante el notario público Oscar Gabriel Esquinca Camacho, de Tuxtla Gutiérrez, y que vive en Venustiano Carranza.
En la escritura aparecen Aurora Sánchez Sánchez y Mauricio Flores Saldaña como propietarios de Yalem Chem, pero la OCIECH informa que la empresa en realidad es propiedad de Montes de Oca, panista que fue alcalde de Venustiano Carranza. El domicilio de la empresa es la Avenida Central Poniente Número 6, es decir, la casa de Montes de Oca; incluso el recibo de la Comisión Federal de Electricidad llega a nombre de la madre del funcionario estatal, Eugenia Margar Avendaño Borraz.
Montes de Oca fue designado por Velasco Coello subsecretario de Infraestructura, Carretera e Hidráulica de la Seinfrac en diciembre de 2012 y al mes siguiente fue creada la firma Yalem Chem.
Además de adjudicarle millonarios contratos a su empresa, en junio pasado el funcionario desvió materiales y maquinaria para pavimentar un kilómetro del camino hacia su rancho en Venustiano Carranza, según denunció en la prensa local el particular Mariano Avendaño Jiménez.
La protesta de los constructores en Chiapas.
Foto: Especial
Tan pronto como fue creada, Yalem Chem empezó a recibir contratos de obra pública, muchos por adjudicación directa. El primero en esta modalidad se le otorgó en 2013 y fue por 10 millones 757 mil pesos, según la página de internet de la Seinfrac.
En 2014 le fue aún mejor a la empresa de Montes de Oca con las adjudicaciones directas. Recibió 29 millones 536 mil 682 pesos para reconstruir un camino en Betania-Soyatitan-Amatenango del Valle, en un tramo del municipio de Acala que, a pocos meses de haberse terminado, muestra deterioro visible. Otro contrato, por 22 millones 610 mil 169 pesos, fue para modernizar y ampliar el camino de Comitán a Las Margaritas.
Para rehabilitar y ampliar una red de agua potable en Venustiano Carranza se le pagaron 30 millones 586 mil 513 pesos; por construir un sistema de alcantarillado en el ejido La Central de Pijijiapan se le asignaron 10 millones 957 mil 685 pesos, y por rehabilitar y ampliar la red de agua potable en el ejido Carranza de la Independencia se le entregaron 7 millones 798 mil 368 pesos.
Tan sólo estos cinco contratos asignados a Arrendadora y Constructora Yalem Chem sumaron 101 millones 489 mil 166 pesos.
En abril pasado los medios impresos comitecos denunciaron la obra inconclusa de la carretera de Comitán a Las Margaritas, por la que se pagaron 68 millones de pesos a tres empresas. A Yalem Chem le tocaron 22 millones.
En 2015 la bonanza siguió. En marzo se le asignaron 19 millones 495 mil 798 pesos para reconstruir 57 kilómetros de caminos en comunidades de Comitán. La firma comenzó a recuperar la carpeta asfáltica pero dejó el trabajo inconcluso, lo que provocó muchas molestias a los pobladores.
También se le asignaron este año 21 millones 262 mil 305 pesos para la construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (tercera etapa) en el municipio de Parral.
En agosto pasado se le adjudicó, junto a la Arrendadora y Constructora ACCSA, otro contrato por 45 millones 266 mil 339 pesos para construir y modernizar un tramo carretero entre San Cristóbal de Las Casas y Comitán. Tras la adjudicación, Constructora María Esther interpuso un juicio de inconformidad con el fallo ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), el cual hasta el momento no se ha resuelto.
Las otras siete empresas que participaron en esa licitación presentaron propuestas de entre 43 y 44 millones de pesos.
Las firmas consentidas
Moya Constantino denuncia que las licitaciones se manipulan para favorecer a las empresas consentidas de Velasco Coello.
Es el caso de la sociedad de Gorsa Obras Civiles y Grupo Barkus, que pese a estar en el último lugar de 39 participantes, obtuvo una obra de 22 millones 263 mil 997 pesos: reparar el tramo carretero San Cristóbal de las Casas-Comitán.
De igual forma, a Grupo Pavimentos del Sureste se le dieron cuatro contratos millonarios en 2013 y cinco en 2014. Los constructores independientes señalan que detrás de esa empresa está José María Coello, más conocido en el mundo de la publicidad en espectaculares como Chema Coello.
A esta empresa se le dieron 51 millones 389 mil 402 pesos por cuatro contratos en 2013, uno por adjudicación directa. En 2014 fueron cinco contratos por adjudicación directa para obras en Tuxtla, Larráinzar, Pichucalco, Cintalapa y Comitán, por un total de 33 millones 765 mil 627 pesos.
En 2015 se le encargó construir y modernizar un tramo de la carretera de Comitán a San Cristóbal de Las Casas por 29 millones 90 mil 190 pesos. En esa licitación, otras empresas con experiencia en el ramo presentaron cotizaciones menores a 29 millones, excepto una que hizo una propuesta muy cercana a la del Grupo Pavimentos del Sureste.
En consecuencia, se presentó un proceso de inconformidad ante la SFP en el que se objeta la forma de aplicar la Ley de Obra Pública para asignar el contrato.
Constructora Inmobiliaria CAPE es otra de las constructoras favorecidas por el gobierno de Coello Velasco. En 2013 se le dieron tres contratos por adjudicación directa que sumaron 57 millones 216 mil 403 pesos, por construir caminos en Marqués de Comillas y Ocozocoautla, así como labores de bacheo en Tuxtla Gutiérrez.
El año siguiente obtuvo cuatro contratos –tres por adjudicación directa– por un total de 39 millones 873 mil 824 pesos para realizar caminos y una cancha de futbol, además de rehabilitar calles y avenidas en Tuxtla, Chiapa de Corzo y Comitán.
El empresario Juan José Almanza Carrasco, también de la OCIECH, encontró en el sistema Compranet y en la página de la SFP que de enero a agosto de 2015 el gobierno chiapaneco otorgó 101 contratos por un total de mil 606 millones 767 mil pesos. De ellos, 24 se quedaron en manos de 10 empresas, a las cuales les tocaron entre dos y cuatro obras.
Las beneficiadas acapararon 32% del presupuesto (casi 530 millones de pesos) y 24% de los contratos.
La OCIECH sostiene que muchas de estas asignaciones no cumplieron la normatividad establecida. Principalmente, indica, se declaró ganadoras a las propuestas más caras, causando un daño patrimonial al Estado.
Las constructoras favorecidas con los contratos más caros son Coyatoc Construcciones, Arrendadora y Constructora Yalem Chem, Técnicos Especializados de Chiapas, Constructora en Ingeniería Integral México, Grupo Urbanizador y Constructor Mexicano, y Estudios, Proyectos y Construcciones Tuxtla.
Igualmente, se benefició de esa forma a Mezcalapa Construcciones, Arrendadora Integral California, Construcciones COMOVE, y Francisco Aguilera Gómez (una licitación asignada a esta empresa también se encuentra en un proceso de inconformidad ante la SFP).
La OCIECH señala que muchos alcaldes, síndicos, regidores y diputados locales se están metiendo de constructores y utilizan las complicidades con funcionarios para repartirse la obra pública.
Como las quejas por ese entramado corrupto no han sido oídas en las cúpulas empresariales, los constructores se han organizado para manifestar su desacuerdo y denunciar los ilícitos. Por eso a mediados de julio, “empresarios independientes de la industria de la construcción del Estado de Chiapas” marcharon para exigir el pago de adeudos gubernamentales y que la obra pública no se entregue a firmas foráneas.
El 28 de septiembre pasado realizaron otra marcha con camiones y maquinaria pesada. Denunciaron que la obra pública en la entidad sólo ha beneficiado a un grupo de empresas foráneas, que son “palomeadas” por Juan Pablo Orantes Coello, primo hermano del gobernador, desde la Seinfrac.
Como sus peticiones no se atienden, la OCIECH anuncia que marchará a la Ciudad de México para exhibir ante el Congreso de la Unión las corruptelas mencionadas; también presentarán denuncias ante la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y la SFP.
“El señor de las obras”
Humberto Naturi Pérez, quien encabeza la Organización de Constructores Independientes del Sureste, denunció que durante la administración de Velasco Coello sólo han recibido promesas y migajas de obra pública, por lo que decenas de empresas han quebrado.
En la marcha de septiembre, denunció que desde el sexenio de Juan Sabines Guerrero el gobierno estatal arrastra fuertes adeudos con empresas locales, a las que no les paga ni les asigna obra.
Señaló que la mayoría de las asignaciones pasa por las manos del “señor de las obras”, Orantes Coello, quien hace unas semanas fue removido de la Subsecretaría Técnica a causa de las denuncias pero sigue despachando de forma ilegal “en el sótano de la Seinfrac”.
Los constructores inconformes dieron a conocer en esa movilización que las empresas foráneas con prestanombres chiapanecos son Grupo Constructor Oxchuc, Grupo Industrial CAMO, Constructora Montes Azules y Constructora de Desarrollo Urbano y de Servicios del Sureste.
Incluyeron también a GAVT Iluminación, Parachicos Construcciones, Grupo VITRE, BELSAS Construcciones, y Construcciones y Edificaciones Sector 7.
En esa ocasión Naturi Pérez señaló que Orantes Coello tiene constructoras y subcontrata a las empresas locales, a las cuales les debe millones, y los constructores advirtieron que si el gobernador no pone fin a las “transas” de su primo hermano, la economía del estado se irá en picada por la quiebra de las constructoras y el aumento del desempleo.
La respuesta demoró hasta el 14 de octubre. En la sesión permanente del Plan de Atención Prioritaria para Empresas Constructoras, Bayardo Robles Riqué, titular de la Seinfrac, anunció ante los afiliados de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) la asignación de mil 578 millones de pesos para dar continuidad a las acciones de infraestructura en Chiapas.
El funcionario dijo que gracias a las políticas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo, la infraestructura pública de Chiapas seguirá siendo un pilar de crecimiento económico y social. Añadió que el 97% de la obra pública es ejecutada por constructoras chiapanecas.
Los recursos anunciados por Robles Riqué proceden de dos carteras de financiamiento: el Fondo Regional (Fonregión), que dispone de mil 26 millones, y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (Fise) con 552 millones.
El mismo día, Robles Riqué dijo que de 600 constructores que antes había en la entidad, aumentaron a 3 mil 400.
–Hay denuncias de que no hay transparencia en la asignación de obra –se le preguntó.
–Obviamente, cuando uno no resulta favorecido siempre habrá señalamientos y protestas. Pero todo está en el portal de transparencia. Está auditado. Al menos 133 auditorías tengo ahorita.
–Se habla de favoritismo hacia empresas foráneas…
–Foráneas es relativo, son mexicanas. Lo que sí puedo decir es que hay entre un 5 y un 6% de obras asignadas a empresas que no son chiapanecas pero tienen tanto derecho como las locales. Así como las empresas chiapanecas pueden ir a licitar a otros estados, las de fuera pueden hacerlo aquí. Insisto, todo está en el portal de transparencia.
–Se ha señalado al primo del gobernador, Juan Pablo Orantes Coello, como el que asigna obras de forma discrecional. ¿Sigue operando en las oficinas de la Seinfrac?
–Fue mi subsecretario técnico, pero fue removido por el gobernador y la secretaría sigue los parámetros que marca la Ley de Obra Pública. Y sobre todo, en el portal de transparencia está la forma en que fue asignada cada una de las obras y a qué empresa.
