Corresponsal: Sin Fronteras Agencias
Fotos: Comunicación Creativa
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Agosto 07.-Intenta Jorge
Luis Llaven Abarca secretario de seguridad y protección ciudadana del
estado encubrir a comandante regional y
ocho de sus elementos que violaron y drogaron a una niña de 12 años de la
localidad de Reforma, en la zona norte de Chiapas.
Secretario de Seguridad Pública del Estado Encubridor
El responsable del ultraje a la menor de 12 años de
nombre Francisco Ramírez Gómez mejor conocido como “el comandante Brasero” y
asignado como comandante regional de la policía estatal preventiva en el
municipio de Pichucalco fue detenido en la ciudad de Reforma Chiapas junto con
ocho de sus elementos.
Esto luego de comprobarse que este jefe policiaco y
sus agentes obligaron a la menor a fumar marihuana y una vez drogada la
violaron tumultuariamente en las mismas instalaciones de la policía estatal en
la colonia el Carmen del municipio de Reforma, sitio donde tienen una base de operaciones
policiacas esa corporación.
Fiscal Detenciones
La detención como se dijo anteriormente corrió a
cargo de un grupo de uniformados de la policía especializada dirigidos por
el subprocurador regional de la PGJE Darby
Amin Cancino Mancilla y el comandante regional de la policía especializada Luis
Octavio Espinosa Rodríguez.
Tras su captura los uniformados fueron trasladados a
los separos policíacos donde mediante un cristal que separa a la victima de los
abusadores, la menor señalo a los autores del ultraje, entre ellos el
comandante policíaco y ocho de sus elementos.
Por ahora los detenidos se encuentran en esta ciudad
capital donde el secretario de
seguridad y protección ciudadana del estado Jorge Luis Llaven Abarca intenta
por todos los medios entorpecer los trabajos de la procuraduría de justicia y
usar recursos públicos para pagar abogados para liberar a los policías
violadores que a la par también drogaron a su víctima.
De actuar la PGJE conforme a derecho en contra los
integrantes de la policía estatal estos enfrentarían las acusaciones de
violación equiparada, privación ilegal de la libertad, corrupción de menores,
abuso de autoridad, asociación delictuosa y delitos cometidos por servidores
públicos cuya penalidad alcanzarían más de 25 años de cárcel.