¡Lo difícil no fue llegar, lo difícil será mantenerse, cumplir... Cada pueblo tiene el gobierno que se merece! La lucha sigue...

Listos los Precandidatos de Morena y PT

Corresponsal: EXPRESIÓN REVISTA
Foto: COMUNICACIÓN CREATIVA

Reforma, Chiapas; A 31 de Enero del 2017.- A concluido la etapa de registro de precandidatos para la Alianza "Juntos Haremos Historia en Reforma" integrada por Morena, PT y Encuentro Social. 

Los precandidatos de Morena son 7: Yesenia Dantori, Pedro Ramirez, Mariano Ruiz, Eduardo Alfaro, Guadalupe Geronimo, Adolfo García y Jorge Vazquez por el PT solo Joel De la Rosa el amigo Cacho.





con la efervescencia que se vive dentro de esta alianza EXPRESIÓN REVISTA les invita a ustedes amables lectores a compartir su opinión con respecto quien de todos ellos sería el candidato idóneo para encabezar dicha alianza en nuestro municipio.


Oxchuc, otra matanza de Estado

POR ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA , 31 ENERO, 2018

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pasado 24 de enero, poco después de las 10:00 de la mañana, un ataque armado sorprendió a los habitantes de Oxchuc, un municipio tzeltal, pobre entre los pobres de este país.

No era el primer ataque. En agosto pasado, en ese lugar enclavado en los Altos de Chiapas, ya habían intentado secuestrar a Juan Gabriel Méndez, un abogado indígena que ha encausado el reclamo porque en ese municipio, donde el 98.5% de la población habla la lengua tzeltal y se reconoce indígena, se erradique el sistema electoral y se reconozca su derecho a organizarse por usos y costumbres. El 24 de enero, resultó herido junto con otras 16 personas.

La despedida a indígenas caídos en ataque armado en Oxchuc/Foto: Especial

La incursión violenta entró a tiros, incendió casas y vehículos, persiguió a los habitantes del lugar.

Durante las horas del brutal ataque, los habitantes de Oxchuc sólo pudieron defenderse con palos, piedras, manos, pero el poder de fuego naturalmente los superó y murieron Francisco Méndez López, Víctor Santiz Gómez y Ovidio López Santiz.

Chiapas tiene en el reclamo de derechos políticos un factor de violencia. Un día de 2014, en Chenalhó, un grupo de ciudadanos tzeltales tomó un taller de transparencia, aprendió a realizar solicitudes de acceso a la información. Para poner en práctica sus nuevos conocimientos, pidieron contratos de obra y expedientes técnicos. En respuesta, el entonces presidente municipal José Arias Vázquez ordenó el destierro –así, el destierro— de los solicitantes y decretó “quemar vivos donde los encontraran” a los integrantes de la organización ciudadana que organizó el taller.

Los derechos políticos, que en las grandes ciudades de este país –así sea en simulación—son parte de una normalidad y son inherentes a la noción de democracia, pueden detonar acciones violentas, actos represivos, pues atentan contra el poder, en el caso de Chiapas, caciquil.

En Oxchuc, el reclamo es por el tipo de sistema electoral y ha llegado a ser tan mayoritario, que la alcaldesa María Gloria Sánchez, postulada por el PVEM, fue depuesta y expulsada de la comunidad. Ella, y su marido, Norberto Santiz, habían mantenido un cacicazgo político de tres lustros hasta provocar el hartazgo ciudadano.

A diferencia de las masacres del pasado, videos y fotografías del pasado 24 de enero circularon rápido en redes sociales. Los habitantes de Oxchuc acusan a un grupo paramilitar controlado por María Gloria. En los videos, lo que se aprecia es el tipo de uniforme policiaco, el equipamiento que sólo provee el gobierno y que da fundamento a la acusación de paramilitarismo.

El pasado lunes, Jaime Martínez Veloz, quien hasta hace unas semanas se desempeñó como comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la secretaría de Gobernación, interpuso una denuncia ante un ministerio público federal. Su demanda es que se nombre a un fiscal especial que atienda de manera imparcial el caso.

Sin embargo, el asunto está manchado por la política. Un contexto de disputa entre el PRI y el PVEM por la definición de la candidatura al gobierno del estado, así como el coqueteo del gobernador Manuel Velasco con Morena, amenazan con perjudicar la indispensable actuación imparcial de la procuración de justicia, tan claro que el secretario de Gobierno pidió que “las partes confrontadas” respeten la ley y encaucen las diferencias por la vía del diálogo. No habla de justicia, ante un ataque armado a civiles desproporcionado, perpetrado por agentes relacionados con el partido que el gobernador controla y en franca indiferencia federal. Así que por acción, omisión y aquiescencia, estamos ante otra matanza de Estado que en el gobierno de Enrique Peña Nieto se suma a Iguala y Nochixtlán.

Chiapas: Hasta los verdes se hartan del PRI

POR ISAÍN MANDUJANO , 30 ENERO, 2018

En protesta por lo que llama una imposición del centro del país, Eduardo Ramírez Aguilar –prácticamente cogobernador de Chiapas– encabeza una rebelión de militantes del Partido Verde en la entidad. Luego de saberse que la cúpula nacional de su partido decidió apoyar la precandidatura del priista Roberto Albores Gleason, el hasta la semana pasada líder estatal del PVEM movilizó a sus bases de apoyo, en las que confía para que lo lleven al Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez.

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- Eduardo Ramírez Aguilar, amigo de infancia de Manuel Velasco Coello, es el personaje con quien el mandatario estatal prácticamente ha cogobernado seis años y quien ahora pretende sucederlo, para lo cual encabeza la “Rebelión Verde” en Chiapas.


Ramirez Aguilar-Rebeldía por el poder/Foto: PVEM


El viernes 19, tras conocer un acuerdo cupular tomado en la Ciudad de México y según el cual el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) debería aliarse con el PRI en Chiapas para apoyar la candidatura al gobierno del senador Roberto Albores Gleason, Ramírez Aguilar inició una revuelta que fue secundada por diputados locales y alcaldes, inconformes con lo que llamaron una imposición.

Ramírez Aguilar, dirigente estatal del PVEM, diputado local y presidente de la Junta de Coordinación Política, encabezó en la plaza central de esta capital, el domingo 21, una multitudinaria protesta durante la que renunció a esos cargos.


Miles de hombres y mujeres vestidos de blanco llegaron desde diferentes municipios, acarreados por los alcaldes, ­diputados y demás líderes de la estructura que durante los últimos años ha construido Ramírez Aguilar para llegar al gobierno de Chiapas.

Al menos 14 de 16 diputados renunciaron al PVEM un día antes y los casi 60 alcaldes amagaron con hacerlo si se consumaba “la imposición”.

El PVEM, al amparo del gobierno de Velasco Coello, ha crecido tanto en Chiapas desde 2012, que ahora se considera la primera fuerza política en la entidad, según Ramírez Aguilar.

Tiene 16 de los 40 escaños del Congreso local y gobierna 58 de los 122 municipios de Chiapas. Tienen, además, una de las tres senadurías por la entidad. El PVEM llegó a la Cámara de Diputados federal con siete de los 12 diputados chiapanecos. Y mientras que el PRI estatal recibirá 30 millones 906 mil pesos para su financiamiento público durante 2018, el PVEM recibirá 47 millones 373 mil pesos.

Con todo eso, dice en entrevista Ramírez Aguilar, los verdes chiapanecos se sienten capaces de ir solos en las elecciones para gobernador del próximo 1 de julio.

El PRI quiere cobrar la factura de 2012, cuando le dio su apoyo al aspirante del PVEM, Manuel Velasco Coello. Ahora el tricolor quiere que Albores Gleason sea su candidato.

Uno de los operadores de esa imposición fue Aurelio Nuño, coordinador de campaña de José Antonio Meade y a quien, como secretario de Educación, Ramírez Aguilar encaró en el Congreso local en los años de la revuelta magisterial contra la reforma educativa.

Esa postura de Ramírez Aguilar fue lo que revivió para intentar dejarlo fuera de la jugada política electoral.

Al menos así lo reconoció el mismo Ramírez Aguilar el domingo 21 en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez, que albergó a más de 5 mil de sus seguidores. Y ahí ratificó su postura contra la reforma educativa.

Consulta a las bases

Para su alianza con el PRI, el PVEM puso una condición: una consulta a las bases, militantes y simpatizantes, para elegir el candidato a gobernador del estado.

El martes 23 se registró la coalición Todos por Chiapas ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC). Al PRI y al PVEM se unieron el Panal y dos partidos locales: Podemos Mover a Chiapas, del excomunicador Enoc Hernández Cruz, y Chiapas Unido, fundado el sexenio pasado por el entonces gobernador Juan Sabines Guerrero.

Julián Nazar Morales, líder del PRI en Chiapas, y el equipo de asesores de Albores Gleason aceptaron la condición de hacer una consulta a las bases. Además de los dos más fuertes candidatos, podrían entrar también a esa contienda el senador verde Luis Armando Melgar, el alcalde tuxtleco –también del PVEM–, Fernando Castellanos, Enoc Hernández y el líder estatal de Chiapas Unido, Miguel Ángel Córdova.

El dilema ahora es quién y cómo se realizará esa consulta. Aunque públicamente el PVEM pidió que la haga el órgano electoral en Chiapas, hasta el viernes 26 ninguna solicitud formal se le había presentado.

Ramírez Aguilar dice que no participará en ese proceso para ver qué le toca, sino que su rebelión es contra la imposición cupular desde el centro del país; tampoco acepta imposiciones desde las cúpulas partidistas en Chiapas, por lo que exige una consulta a la militancia y simpatizantes de los partidos coaligados.

“Demostremos al centro de la República que los chiapanecos sabemos tomar nuestras propias decisiones, que no vamos a aceptar que personas que no conocen lo que nos duele, lo que nos lastima, lo que nos ofende en Chiapas, tomen decisiones por nosotros”, dice a Proceso.

Aun cuando no sabe cómo será el procedimiento, sospecha que “están ganando tiempo y que pasen los días, y que van a ver que haya seguramente una negociación”, a la cual, asevera, no se va a prestar.

Mientras tanto, Ramírez Aguilar coquetea con la alianza PAN-PRD-MC, donde los dirigentes locales de los dos primeros –César Espinosa, del sol azteca, y Janeth Ovando, del blanquiazul, sus amigos– han intentado abrirle las puertas y allanarle el camino a la candidatura.

De igual forma coquetea con Morena; se ha reunido con miembros de ese partido y le ha enviado guiños a Andrés Manuel López Obrador en sus declaraciones públicas y sus publicaciones en las redes sociales.

Cogobernador

Como secretario general de gobierno Ramírez Aguilar casi cogobernó Chiapas los últimos seis años: quitaba, movía y ponía a miembros en el gabinete, con o sin la anuencia de Velasco Coello.

En su infancia, Ramírez Aguilar cuidaba y jugada con aquel niño, hijo de una familia acomodada; su madre trabajaba en la casa del abuelo de Manuel Velasco, el empresario Fernando Coello Pedrero.

“Como 12 años o más trabajó en mi casa su mamá. Desde ahí se conocieron con mi nieto, por eso se quieren mucho”, dice a Proceso Coello Pedrero.

Empoderado en este sexenio, Ramírez Aguilar tiene ahora como su segundo al mando dentro del PVEM y uno de sus principales operadores políticos y financieros a Juan Pablo Montes de Oca, exhibido en Proceso por la autoasignación de contratos millonarios en los primeros años del gobierno de Velasco, cuando fungió como subsecretario de Obra Pública.

Albores Gleason fue senador suplente de Manuel Velasco de 2006 a 2012. Y desde ese año, senador propietario.

Es hijo del exgobernador interino Roberto Albores Guillén (1998-2000), quien se caracterizó por asumir una actitud de ofensiva hacia el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y sus bases de apoyo, y quien en 2006 apoyó al entonces candidato perredista a gobernador, Juan Sabines Guerrero, lo que le valió la expulsión del PRI, promovida por el excandidato priista a la gubernatura, José Antonio Aguilar Bodegas.

Ahora Aguilar Bodegas, secretario del Campo de 2015 a 2017, en el gobierno de Velasco Coello, se registró ya como precandidato por el PRD y busca encabezar la alianza con el PAN,PRD y Movimiento Ciudadano (MC).

La diputada federal María Elena Orantes López es impulsada por Dante Delgado Ranauro para encabezar esa alianza. Ella fue candidata al gobierno estatal en 2012 por el PRD, MC y el Partido de Acción Nacional.

En la alianza Chiapas al Frente –PRD, PAN y MC– también aspiran a la candidatura Rubén Velázquez López, secretario general de Gobierno en el sexenio de Pablo Salazar, y Diego Valera, quien fue ­diputado federal verde y secretario de Pesca en el gobierno de Velasco Coello, aunque ahora milita en el PRD.

En la alianza Morena-PT-Partido Encuentro Social, el precandidato es Rutilio Escandón Cadenas, extitular del Poder Judicial del estado desde 2012 hasta la tercera semana de este mes.

Pero no será sino hasta marzo cuando los partidos definan a sus candidatos.

Este reportaje se publicó el 28 de enero de 2018 en la edición 2152 de la revista Proceso.

Independientes… y fraudulentos

POR CARLOS ACOSTA CÓRDOVA , 28 ENERO, 2018

Una de las novedades del actual proceso electoral es la incorporación de las candidaturas independientes para la Presidencia de la República. Sin embargo, para el consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, resulta decepcionante que algunos aspirantes a puestos legislativos y a la propia presidencia hayan incurrido en un elevado número de irregularidades, sobre todo la presentación de apoyos ciudadanos falsos y la falta de rendición de cuentas.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En este 2018, la experiencia de los candidatos independientes a ocupar un cargo de elección popular –en vigor desde 2014 en la legislación electoral–, que permitiría oxigenar la vida democrática del país y propiciar que la política nacional deje de ser, paulatinamente. patrimonio de partidos políticos y poderes fácticos, está resultando toda una decepción.


Registro de Jaime Rodriguez Calderon ante el INE/Foto: Benjamin Flores

La información que Instituto Nacional Electoral (INE) tiene en su página electrónica, y que actualiza permanentemente, da cuenta de la opacidad en el manejo de los recursos y de las trampas en que incurren los aspirantes independientes –con sus honrosas excepciones–, tanto para la Presidencia de la República como para las diputaciones y las senadurías.

De acuerdo con la ley electoral, son dos requisitos los que deben cumplir los aspirantes a una candidatura independiente.

Primero, tienen que acreditar el apoyo ciudadano: 866 mil 593 firmas para presidente con una dispersión geográfica del 1% del padrón, en al menos 17 estados del país, y para legisladores el 2% del padrón correspondiente.

Y, segundo, rendir cuentas, con total transparencia, de sus ingresos y sus gastos. Pero en ambos casos –salvo esas excepciones que dejan alguna esperanza–, la mayoría de los aspirantes independientes han quedado a deber.

Para la Presidencia de la República se registraron 48 aspirantes (seis mujeres y 42 hombres), de los cuales ni siquiera 10% tiene posibilidades de llegar a la boleta electoral.

Según las estadísticas del INE, en primer lugar está Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, El Bronco, gobernador de Nuevo León con licencia. Al corte del viernes 26 (a las 00:00 horas), llevaba registradas un millón 749 mil 476 firmas, poquito más del doble de las requeridas. Un “avance de 201.9%” respecto de la meta, según el INE.

Sin embargo, el instituto sólo le da por buenas o le ha validado sólo un millón 3 mil 323 firmas, que efectivamente están en la lista nominal de electores. Es decir, 746 mil 153 firmas menos (42.7%) de las que El Bronco había reportado.

Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2152, ya en circulación

La Corte se endurece contra alcaldes

POR JESÚS CANTÚ , 27 ENERO, 2018

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En los últimos tres meses el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) destituyó a tres alcaldes y sus respectivos cabildos y al delegado en la Venustiano Carranza de la Ciudad de México por su negativa a cumplir con sentencias de amparo, lo cual en principio es un buen precedente que contribuye a la instauración del estado de derecho en México.

El juicio de amparo tiene por objeto proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a las acciones de las autoridades y, en este sentido, es crucial que sus sentencias se acaten y se cumplan, pues es precisamente lo que impide la violación de los derechos. Lamentablemente son muchos los casos en los que las autoridades administrativas simplemente las ignoraban, y la Corte, hasta noviembre del año pasado, era en términos generales muy laxa en su exigencia y emplazaba una y otra vez a las autoridades administrativas, pero no exigía su cumplimiento.

Sesión de la SCJN/Foto: Octavio Gomez

Fue precisamente el incumplimiento de una de estas sentencias de amparo lo que abrió la puerta para el desafuero de Andrés Manuel López Obrador como jefe de Gobierno del Distrito Federal el 7 de abril de 2005; sin embargo, en ese caso no fue la SCJN la que ordenó su destitución y su consecuente consignación ante jueces penales, sino la Procuraduría General de la República, que inició el procedimiento acusándolo de abuso de autoridad.

En estos últimos cuatro casos las resoluciones de la Corte han sido definitivas: se les destituye y se ordena su consignación ante los jueces penales del sistema acusatorio para que se les procese por el delito de inejecución de sentencia de amparo, previsto en el artículo 107 constitucional. Tal como debe ser en todos los casos, es decir, es la Corte la que debe decidir sobre la negativa a cumplir con las sentencias y será el juez penal el que decida sobre la responsabilidad de los inculpados.

Las resoluciones de la Suprema Corte enfrentan uno de los problemas más graves y preocupantes de México, pero también ponen de manifiesto otros asuntos sobre los que es conveniente reparar: primero, normalmente la responsabilidad del incumplimiento de las sentencias de amparo no recae en quienes ejecutaron el primer acto que dio lugar al litigio, es decir, quien provoca el conflicto no incurre en ninguna responsabilidad ni administrativa ni penal ni económica.

Esto lo ilustra muy claramente el caso de la delegación Venustiano Carranza: el despido de la empleada que recurrió a la Junta de Conciliación y Arbitraje lo realizó Alejandro Rafael Piña Medina, delegado de 2009 a 2012; la resolución de la Junta que la restituía y ordenaba el pago de los salarios caídos se dictó hasta el 2014, ya con Manuel Ballesteros como delegado, quien no cumplió con el mismo ni con la sentencia del amparo. Hasta noviembre de 2017 la Corte decreta el incumplimiento de la sentencia y destituye al delegado Israel Moreno Rivera. La SCJN imputa responsabilidades por el incumplimiento de las sentencias de amparo a Ballesteros y a Moreno Rivera, pero Piña Medina ni siquiera es mencionado.

Segundo, ponen de manifiesto la vulnerabilidad de los municipios mexicanos, ya que en muchos de los casos el incumplimiento se debe a la incapacidad material de hacer frente a las responsabilidades económicas, salvo que se paralice la actividad del gobierno municipal.

Esto lo ilustra muy claramente el caso de Paraíso, Tabasco, donde el gobierno le adeuda casi 40 millones de pesos a 23 trabajadores municipales, pero resulta que el presupuesto anual de dicho gobierno en 2017 fue de 399 millones 337 mil 277 pesos, es decir, la deuda equivale al 10% del presupuesto y para saldarla el ayuntamiento debía suspender los servicios de recolección de basura, que significan –de acuerdo al presupuesto– 13 millones de pesos, y los de alumbrado público, por 27 millones de pesos. En otros términos, si el gobierno hubiese pagado su deuda con los 23 trabajadores, los 100 mil habitantes del municipio se hubiesen quedado todo el año sin ambos servicios.

Peor todavía, de acuerdo con una información publicada en el periódico Tabasco Hoy, a octubre de 2017 la deuda de ese municipio como consecuencia de laudos laborales alcanza los 559 millones 426 mil pesos, es decir, su importe total es superior a su presupuesto anual (399.3 millones). Y la deuda por laudos laborales de los 17 ayuntamientos de Tabasco, según el mismo diario, alcanza un monto de casi mil 500 millones de pesos.

No en todos los casos el problema es tan crítico, pero sigue siendo significativo, como el relativo al adeudo por la afectación de un terreno en el caso de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla (cuyo alcalde es el otro de los destituidos), representaba casi el 1% de su presupuesto anual.

Quizá no como un problema ya evidenciado –como los dos anteriores ya mencionados–, pero sí mueve a reflexión que los únicos sancionados hasta hoy por estos motivos sean los alcaldes y sus cabildos, como si fueran las únicas autoridades administrativas que se negaran a cumplir con las sentencias de los juicios de amparo, es decir, hasta hoy ningún funcionario de alto nivel de los gobiernos estatales y federal ha sido sancionado por esta razón. Difícilmente se puede pensar que los únicos que incurren en estas violaciones son las autoridades municipales.

Así se abren varios asuntos que hay que atender: primero, lograr que quienes toman las decisiones que dan origen a estos litigios asuman sus responsabilidades, pues es muy fácil tomar decisiones al final de una gestión y dejar que los sucesores paguen las consecuencias; segundo, hay que revisar a fondo el municipalismo mexicano, pues estas sentencias de la Corte evidencian –una vez más– su vulnerabilidad y su incapacidad de cumplir con las atribuciones que se establecen en el artículo 115 constitucional; y tercero, exigir el cumplimiento de la ley en todas las instancias de gobierno y no únicamente en el más débil y vulnerable, ya que también aquí se exhiben las desigualdades en la aplicación de la ley.

Enhorabuena por el hecho de que la Corte haya decidido hacer valer las sentencias de los juicios de amparo, puesto que se trata de un paso en la dirección correcta, pero hay que hacerlo por igual en todas las instancias de gobierno y sin distingos de rango de los servidores públicos.

Este análisis se publicó el 21 de enero de 2018 en la edición 2151 de la revista Proceso.

Se registran tres Coaliciones para elegir gobernador en Chiapas

Juicio Politico
direccion@juiciopolitico.com 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 24 enero 2018.-Los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) registraron esta noche la Coalición “Al Frente por Chiapas” para postular un candidato al gobierno de Chiapas.

Como quedaron integradas las Coaliciones a la Gubernatura


Dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional de los tres partidos fueron los encargados del registro de dicha Coalición ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, la cual habrá de elegir a su candidato a gobernador entre tres precandidatos: José Antonio Aguilar Bodegas, Diego Valente Valera Fuentes y Rubén Velázquez López.

También se registró la Coalición integrada por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Encuentro Social (PES) y Partido del Trabajo (PT) su candidato es Rutilio Escandón Cadena.

La tercera Coalición registrada ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas está formada por cinco partidos: El Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza (Panal), Mover a Chiapas y Chiapas Unido.

De acuerdo a información proporcionada por dirigentes estatales del tricolor, el candidato saldrá de una terna en donde participaran los senadores Luis Armando Melgar y Roberto Albores Gleason, además del ex diputado local Eduardo Ramírez.

Familias poderosas

POR ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA , 23 ENERO, 2018

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En todo el país, unas cuantas familias se disputan cargos públicos, se presentan a elecciones y, aunque en el debate político suelen cruzar acusaciones y declararse en franca confrontación, es posible que el fin de semana terminen coincidiendo, departiendo y solucionando un reparto de posiciones en el club exclusivo o la reunión familiar.

El sexenio de Enrique Peña Nieto mostró al país la enorme influencia del llamado Grupo Atlacomulco, cuyos miembros se han relacionado a través de varias generaciones por la vía familiar. Son primos, hermanos, cuñados… son reparto de poder consanguíneo, son derecho de sangre ineluctable, que se prolonga a través de los años.

Alfredo del Mazo y su familia en una casilla electoral en Huixquilucan,Edomex
Foto: Octavio Gómez 


Esa dinámica de poder se refleja en todos las regiones, los partidos y la vida institucional. A veces, algún movimiento político o social, un fenómeno carismático, y principalmente por relación política, abren paso al encumbramiento de un nuevo miembro, procedente quizás de la clase media o media baja, que terminará en familia extendida, pues no siempre se ve bien la transferencia de poder entre parientes.

En los últimos años el recato de los clanes familiares se perdió. Sólo en unos meses, Alfredo del Mazo, un primo del presidente de la República, postulado por el PRI, se convirtió en gobernador del Estado de México, el territorio más populoso y con más recursos del país; Miguel Ángel Yunes, gobernador neopanista de Veracruz, intenta perpetuarse a través de un hijo, o quizá de dos, en una entidad, también populosa y con grandes recursos, mientras que en Puebla el exgobernador neopanista Rafael Moreno Valle, de sexenio ampliado en un incondicional, pretende postular a su esposa al gobierno del estado.


Se trata de tres de las cinco entidades federativas más populosas de México, que concentran alrededor de la quinta parte de la población nacional, pues juntas suman más de 30.4 millones de personas. La cuestión es simple: en el Estado de México, de 16.1 millones de personas, sólo pudo ser gobernador un primo de Peña Nieto; en Veracruz, entre 8.1 millones sólo encontraron candidato del PAN-PRD al hijo del gobernador, lo mismo que en Puebla, con 6.1 millones, y será candidata la esposa del exgobernador.

Asunto histórico: en el Estado de México, tres generaciones con el nombre Alfredo del Mazo han gobernado; en Puebla van dos Rafael Moreno Valle. Sin llevar el mismo nombre, puede seguirse con Oaxaca con dos Murat; dos hermanos Joaquín en Quintana Roo; dos Manuel Velasco en Chiapas, donde por cierto hay una disputa entre vástagos.

Ahí, el actual gobernador Manuel Velasco hizo apuesta doble: promover a Rutilio Escandón por Morena, dejando en el camino al hijo del exgobernador Eduardo Robledo, Zoé Robledo, por si en el sector verde del PRI persistían en imponer a Roberto Albores, hijo homónimo de otro exgobernador.

Rutilio Escandón es cuñado de Adán Augusto López, quien será candidato a gobernador de Tabasco, donde su hermana también contendió por ese cargo. Adán Augusto es cuñado del senador priista Humberto Mayans Canabal –apellidos con varias generaciones en el poder– y enfrentará a la candidata del PRI Georgina Trujillo, hija del exgobernador Mario Trujillo, mientras que la alianza PAN-PRD-MC lanzará a Gerardo Guadiano Rovirosa, nieto del exgobernador Leandro Rovirosa Wade.

Paradigma de México, el reparto de poder, así sea bajo procesos electorales, es para los mismos clanes.


Todo listo para privatizar y encarecer el agua

POR JESUSA CERVANTES , 21 ENERO, 2018

En la Cámara de Diputados se aceleran los trámites para, al final de la actual Legislatura, aprobar una Ley General de Aguas –versión ampliada de la fallida “Ley Korenfeld” de 2015– que permitirá la privatización del líquido y su uso en el fracking, ese proceso que envenena mantos freáticos y tierras de cultivo sólo para obtener gas y aceite. Los especialistas advierten que el agua potable será más cara y quedará en manos privadas, y más: si las comunidades afectadas por esos abusos protestan, el Ejército intervendrá, amparado por la Ley de Seguridad Interior.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Enrique Peña Nieto y el PRI pretenden dar un albazo en la Cámara de Diputados y aprobar, antes de que concluya la actual Legislatura, la nueva Ley General de Aguas, señalan especialistas. Cerrar el círculo, dicen, y aplicar al cien por ciento la reforma energética con la inclusión del fracking, aun a costa de la contaminación de los mantos freáticos y el encarecimiento del líquido.

Sesión de la Comisión Permanente de la Camara de Diputados de San Lazaro
Foto: Benjamin Flores



La estrategia del gobierno y el PRI en el Congreso de la Unión busca “dejar un ambiente –para el sucesor de Peña Nieto– favorable a la inversión y dejar situaciones irreversibles”, sostiene el ingeniero petrolero, opositor al fracking, Fabio Barbosa Cano, quien durante décadas trabajó en Petróleos Mexicanos.

Para ello, sostienen especialistas entrevistados por Proceso, la táctica tiene dos vías: la Ley General de Aguas para “concretar el fracking” y proteger las inversiones con la Ley de Seguridad Interior, gracias a la cual, por “utilidad pública” y para prevenir el disturbio social, el Ejército actuaría contra los ciudadanos que se opongan.

La primera se aprobaría en la Cámara de Diputados y para ello, Ignacio Pichardo Lechuga, diputado federal mexiquense y presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, ya tiene “el borrador” de la nueva Ley General de Aguas.

En esa ley se apunta a la privatización del agua, la entrega de concesiones a perpetuidad y el aumento de tarifas para uso doméstico, en las cuales se incluirán los costos, la inflación y la utilidad del organismo operador, que puede ser una empresa, el municipio o una asociación de ambos, según el análisis que hizo la Coordinadora Nacional Agua para Todos.

Tal borrador es una calca de la llamada “Ley Korenfeld” –así llamada por su promotor, el entonces director de la Comisión Nacional del Agua, el priista David Korenfeld– que en marzo de 2015, a punto de concluir la anterior Legislatura, el PRI intentó imponer en San Lázaro (Proceso 2000).

Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2151, ya en circulación

Diputados renuncian al Partido Verde Ecologista de México

  • No se tomó en cuenta el voto y la decisión de la primera fuerza política para la coalición de la gubernatura en el estado de Chiapas.

El Popular.- 

Tuxtla Gutiérrez Chiapas a 20 de Enero de 2018.- En desacuerdo ante lo que denominaron “imposición de la Coalición de la gubernatura del estado que beneficia a otro partido político”, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado renunciaron a su militancia y se declararon legisladores independientes.


En rueda de prensa señalaron que la decisión de integrar la coalición fue hecha a espaldas de la base militante del Verde Ecologista, sin tomar en cuenta el voto y la decisión de la primera fuerza política del estado de Chiapas.

Por tal razón, la diputada Dulce María Rodríguez Ovando sostuvo que como integrantes de la Fracción Parlamentaria de dicho instituto político en el Congreso del Estado determinaron renunciar a su militancia.



Renuncia Masiva de Diputados Locales del Verde/Foto: El Popular

En ese sentido, la diputada Viridiana Figueroa García sostuvo que el Verde Ecologista no necesitaba de ninguna imposición, ya que cuenta con hombres y mujeres de gran trayectoria política y arraigo social, que merecían participar en un proceso de selección abierta, democrática.

Respecto a la temática, la diputada Cecilia López Sánchez destacó que la decisión fue tomada de forma consensada, sin presión alguna y en pleno respeto a la militancia, a las comunidades indígenas y a todos los sectores que los favorecieron con su voto.

En las próximas horas se realizará el procedimiento contemplado en la Ley Orgánica del Congreso del Estado para oficializar su renuncia al PVEM, por lo pronto, los diputados continuarán trabajando en la Agenda Legislativa como Legisladores independientes, y en su momento, señalaron, analizarán su inclusión a otras siglas políticas.

En la rueda de prensa estuvieron presentes las y los diputados: Dulce María Rodríguez Ovando, Mauricio Cordero Rodríguez, Viridiana Figueroa García, Sandra Luz Cruz Espinosa, Limbano Domínguez Román, Cecilia López Sánchez, Ada Celia González Durán, Alberli Ramos Hidalgo, Santiago López Hernández, Fidel Álvarez Toledo, Hugo Francisco Pérez Moreno, Fanny Elizabeth De la Cruz Hernández, Jesús Arnulfo Castillo Milla y Rubén Peñaloza González.

Julio Cesar Gonzalez Arango tomando protesta como representante del verde ante el Consejo Municipal Electoral

En Reforma también abandonan el barco Verde

Reforma, Chiapas; A 20 de Enero del 2018.- Derivado de la renuncia del líder estatal del partido verde Eduardo Ramirez Aguilar así como de los diputados de ese mismo partido en Reforma también habrá una renuncia masiva de funcionarios, militantes y simpatizantes asi lo mencionó el representante de ese instituto politico ante el Consejo Municipal Electoral Julio Cesar Gonzalez Arango.

"Vamos a donde vaya Eduardo Ramirez Aguilar (ERA)" aseguró el también funcionario municipal  y agregó que en los próximos días presentará su renuncia como representante del verde ante el consejo municipal electoral y adelantó que se sumará al partido de la revolución democrática.

Mientras tanto se desconoce la posición que tomará el presidente municipal Herminio Valdez Castillo ante este escenario politico en donde prácticamente solo dejaron el logo del verde. 

Drama indígena: el retorno al matadero

POR ISAÍN MANDUJANO , 20 ENERO, 2018

El reciente regreso de casi 4 mil indígenas a sus comunidades en Chiapas, desplazados por la violencia causada por habitantes de Chalchihuitán y Chenalhó, municipios que eran amigos y ahora disputan 350 hectáreas, hace que sea sólo cosa de tiempo para que ocurra un ataque armado de la magnitud del que sacudió al país hace 20 años en Acteal, con saldo de 45 muertos y 25 heridos, advierten organizaciones civiles y otras defensoras de los derechos humanos. Por acción u omisión, afirman los denunciantes, los tres niveles de gobierno no han podido frenar a los al menos cinco grupos paramilitares que, desde entonces, operan a sus anchas en la región.

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.(Proceso).– Más allá del desplazamiento de miles de indígenas del municipio de Chalchihuitán, quienes dejaron sus comunidades forzados por la violencia, los gobiernos estatal y federal no han podido de­sactivar, pese a la presencia de policías y soldados, los al menos cinco grupos armados que operan en la región de Chenalhó, denuncian testimonios de pobladores de la zona.

La represión en Chenalhó/Foto: Especial

A finales de octubre pasado, unos 5 mil tzotziles huyeron de sus casas por temor a ser asesinados por una disputa de tierras. Abandonaron las nueve comunidades colindantes con el municipio de Chenalhó (Pom, Ch’en’mut, Canalumtic, Tzomoltón, Bejeltón, Tulantic, Bololchojón, Cruz Kakanam y Cruztón) y se refugiaron en las montañas cuando oyeron los balazos que provenían de un grupo de encapuchados con equipos de radiocomunicación en la cintura.

El comando saqueó viviendas, baleó sus fachadas y quemó las casas que, en su mayoría, estaban construidas con madera y techos de lámina.

A diferencia del movimiento del EZLN, en el que las movilizaciones ocurrieron por posiciones ideológicas y políticas en defensa de los pueblos indígenas, ahora (aparentemente) es por la disputa de 350 hectáreas y sus límites territoriales entre habitantes de los municipios Chalchihuitán, gobernado por el PRI, y Chenalhó, por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El conflicto entre ambas localidades comenzó en 1975, cuando la Secretaría de la Reforma Agraria, tras realizar trabajos de reconocimiento y titulación de bienes comunales, emitió una resolución favorable a Chalchihuitán, desencadenando la furia de sus vecinos de Chenalhó, quienes acusaron que la autoridad no tomó en cuenta los límites que ambos poblados habían establecido basados en la división natural de un río.

Después de los litigios en los tribunales llegó la confrontación. Durante décadas, ambos pueblos indígenas realizaron protestas en San Cristóbal de Las Casas y en Tuxtla Gutiérrez. Luego vinieron los enfrentamientos armados, acabándose familias y dejando, en el mejor de los casos, viudas y huérfanos.

De los 5 mil tzotziles que huyeron hace un par de meses, 3 mil 800 ya regresaron a sus comunidades –hallaron sus viviendas saqueadas y destrozadas–. Sin embargo, persiste el miedo a una incursión de grupos armados. Los mil 200 que siguen refugiados en las montañas, entre ellos hay niños y embarazadas, también permanecen en condiciones precarias: sobreviven en la intemperie, tienen hambre, frío y miedo; algunos están gravemente enfermos.

Desorden ante la ONU

Por la gravedad de la situación, comparable con los primeros años del movimiento del EZLN, el padre Sebastián López López, del municipio de Chalchihuitán, pidió ayuda a su vecino de Simojovel, el cura Marcelo Pérez Pérez, y a la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

Integrantes de organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos, quienes solicitaron que no se les identificara en este texto, aseguran que los indígenas desplazados que volvieron a sus comunidades lo hicieron bajo presión de las autoridades estatales. Además, contrario a lo que menciona el gobierno de Manuel Velasco Coello, afirman que no se ha atendido la principal demanda de la población vulnerable: desarticular a los grupos armados.

Justo cuando iniciaba la crisis de los desplazados, la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, llegó a México.

La enviada de la ONU no pudo estar en Acteal ni en otras comunidades de los Altos de Chiapas, ante el riesgo que representa la región indígena tzotzil. Así que el 15 y 16 de noviembre último, desde San Cristóbal de Las Casas, registró los testimonios de la crítica situación en el sureste mexicano.

Un mes después, el quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Édgar Corzo Sosa, constató pendientes de los gobiernos chiapaneco y federal, y les solicitó de manera urgente atender los campamentos de los refugiados, pues identificó ahí situaciones que ponen en peligro su vida.

Entre las recomendaciones de la CNDH a las autoridades destaca la solicitud de patrullajes “hasta que se garantice el retorno seguro de las familias a sus comunidades de origen, para evitar robos, saqueos y daños en propiedad ajena, entre otros delitos”.

De amigos a enemigos

De acuerdo con el relato de Marcos Pérez Gómez, líder indígena tzotzil y del movimiento de Chalchihuitán, los habitantes de ambos municipios en pugna eran como hermanos, como sus santos patronos.

Pedranos y Pableros se visitaban mutuamente en sus grandes ceremonias y festividades cada 28 y 29 de junio. Eran celebraciones que se prolongaban durante varios días. “El problema comenzó cuando entró la (Secretaría) de la Reforma Agraria y jodió todo”, asegura Pérez Gómez.

El municipio de Chalchihuitán está gobernado por Martín Gómez Pérez, del PRI; Chenalhó, por Rosa Pérez Pérez, del PVEM.

El ascenso de esta mujer tzotzil no fue fácil, se impuso a un grupo disidente. Pasó más de un año para que pudiera asumir su puesto, luego de líos legales que finalmente resolvió en su favor el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Sin embargo, el conflicto interno de Chenalhó continúa. Un grupo de indígenas encabezado por Manuel Santiz Álvarez señaló la existencia de un grupo armado que, asegura, está al servicio de la alcaldesa.

De acuerdo con la disidencia de Chenalhó y habitantes de Chalchihuitán, se trata de un comando que patrulla las carreteras y los caminos de la región; van encapuchados y usan pistolas, rifles de asalto y escopetas.

Nadie transita ni hace nada sin que los encapuchados lo sepan. Taxistas y otros lugareños actúan como halcones en cada comunidad, en cada crucero, en cada tienda en el camino.

Pedro Faro, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, y Diego Cadenas, del Centro de Derechos Humanos Ku’untik, han denunciado constantemente la operación de grupos paramilitares en Chenalhó, donde hace 20 años una agrupación similar mató a 45 indígenas en un paraje de Acteal.

“Como nunca se investigó a esos grupos (armados) y como nunca se desarmó a los paramilitares de la región, ahora se ve claramente que fácilmente se pueden rearmar o reagrupar para, como en este caso, agredir a los indígenas de Chalchihuitán”, expuso Faro.

“No se sabe qué intereses puede haber como para que ese territorio se convierta en una zona de guerra. Nuestra explicación, hasta donde podemos lograr ver, es que desde la masacre de Acteal existe un clima de impunidad, donde los actores que están ligados al gobierno actúan de manera libre y hacen lo que quieren en la zona. No hay un estado de derecho en esta región”, acusa.

Ahora, dice Faro, el riesgo es que empiecen a recrudecerse los asesinatos y se perpetre otra matanza. “Lo único que ha anunciado el gobierno es la creación de una Base de Operaciones Mixtas, integrada por policías y militares, similar a la que estaba cerca de Acteal en 1997 y que no pudo evitar la masacre”.

Pedro Faro insiste: los tres niveles de gobierno, por acción u omisión, rearmaron a los grupos paramilitares que controlan el territorio en los Altos de Chiapas y son responsables de las violaciones a los derechos humanos que padece la población indígena.

Ambos entrevistados consideran que se agrava cada día el estado de sitio en las comunidades de Chalchihuitán. Aseguran que los comandos, que cuentan con la protección de la alcaldesa de Chenalhó –y ésta, a su vez, del gobierno estatal– utilizan el terror sobre la población como una manera para controlar la región.

Al igual que Faro, Diego Cadenas asegura que es vital y urgente que las autoridades desactiven a los paramilitares para que pueda resolverse el conflicto entre ambos municipios. “La reconstrucción del tejido social y un acuerdo de paz pasa por la justicia. Una resolución judicial no lo resolverá”.

Ahora “gana” Chenalhó

Uno de los pocos intentos que el gobierno de Chiapas hizo por contener la gravedad del conflicto consistió en ofrecer apoyos económicos a los habitantes que perdieron en la resolución agraria.

El secretario de Gobierno del estado, Juan Carlos Gómez Aranda, expuso en su momento que “quienes no sean beneficiadas con la decisión del tribunal recibirán apoyos económicos directos, además de contar con vivienda digna y proyectos productivos que les permita autoemplearse, para que cada familia pueda contar con un ingreso seguro”.

Sin embargo, el pasado 13 de diciembre se agravó la crisis y el riesgo de una matanza. El Tribunal Unitario Agrario revirtió lo resuelto en 1975 y resolvió en favor de Chenalhó. Por lo anterior, el gobierno ofreció 15 millones de pesos a los vecinos de Chalchihuitán y 300 casas con valor de 120 mil pesos cada una, a cambio de que acepten el fallo.

Organizaciones civiles y las defensoras de los derechos humanos, como el Centro Fray Bartolomé de Las Casas, denuncian que continúan las agresiones armadas, sobre todo desde los primeros días de 2018, cuando miles de indígenas de Chalchihuitán, que fueron desplazados, regresaron a sus comunidades, siendo las mujeres y los niños la población más vulnerable a la violencia.

El riesgo de una masacre es claro para cientos de familias indígenas, lo que demuestra el desprecio hacia los pueblos originarios, puesto que las agresiones armadas constituyen de por sí un hecho criminal que es contemplado y consentido por los gobiernos federal, estatal y municipal, agrega el Centro Fray Bartolomé.

Este reportaje se publicó el 14 de enero de 2018 en la edición 2150 de la revista Proceso.

López Obrador receta a Peña “Amlodipino” para controlar la presión (Video)

POR LA REDACCIÓN , 17 ENERO, 2018

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En un receso de su precampaña por el estado de Veracruz, Andrés Manuel López Obrador se dio tiempo para grabar un nuevo video y subirlo a sus cuentas de Facebook y Twitter, ahora con dedicatoria al presidente Enrique Peña Nieto.

En la grabación, con una frondosa vegetación como fondo, el tabasqueño receta al mandatario un medicamento para controlar la presión arterial, llamado “Amlodipino”.


Obrador, aspirante a la candidatura presidencial/Foto: AMLO



Dicho fármaco se usa para tratar la hipertensión y la enfermedad de las arterias coronarias. Es un bloqueador de canales de calcio que pertenece al grupo de las dihidropiridinas y trabaja parcialmente en la vasodilatación.


“Para los nervios por los comicios de julio próximo”, suelta de manera irónica el exjefe de Gobierno capitalino.

Y agrega: “Si se le sube la presión, esta medicina es buena; además, ayuda a curar el mal de ojo y otras molestias”.




El precandidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, conformada por Morena y los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), también hace mención a las “indirectas” que le lanzó Peña Nieto hace un par de días al referirse a su propuesta de amnistiar a los criminales, que en opinión del Ejecutivo sería tanto como traicionar a la patria.

“Le pido de manera muy respetuosa que se serene, que no se altere, que no se caliente”, dice el tabasqueño. Y le sugiere que no haga caso de las encuestas y mejor piense en que México requiere de “una transformación que acabe ya con la corrupción, pues se han pasado”.

Ya es tiempo de que haya un gobierno honesto, subraya. Y en tono burlón remata: “Si están con hipertensión, aquí está AMLO a Los Pinos”.

El precandidato presidencial continuará este miércoles su gira por Veracruz en los municipios de Xico, Alto Lucero y Úrsulo Galván.

La CNDH acusa tortura de la PF contra mujer y sus tres hijas en Tabasco

POR GLORIA LETICIA DÍAZ , 16 ENERO, 2018

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La CNDH dio a conocer una recomendación dirigida a los titulares de la PGR y Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Alberto Elías Beltrán y Renato Sales Heredia, respectivamente, por actos de tortura cometidos en contra de cinco personas, entre ellas tres niñas, en hechos atribuidos a elementos de la PF en Centro, Tabasco, el 6 de noviembre de 2015.

Luego de dos años de investigación, la CNDH confirmó los abusos, por lo que instruyó a ambas dependencias a reparar íntegramente el daño a las víctimas, así como colaborar con el organismo nacional para realizar la investigación derivada de su intervención.

Instalaciones de la CNDH/Foto: Especial

El organismo nacional dio a conocer el contenido de la recomendación 81/2017, derivada de una queja presentada por una mujer en la que narró que ella, sus hijas que entonces tenían uno, seis y ocho años de edad, y su esposo, fueron detenidos por efectivos de la PF cuando llegaban a su domicilio, alrededor de las 13:30 horas.

De acuerdo con la queja, los efectivos policiales se introdujeron de manera violenta al domicilio y sustrajeron diversos artículos, así como 30 mil pesos en efectivo, en tanto que los agentes “subieron a su esposo a un vehículo oficial, mientras que ella y las niñas (…) fueron obligadas a abordar su propio automóvil, les cubrieron el rostro con ‘gorras’ y las amenazaron con dispararles con sus armas”.

La agraviada relató que a las pequeñas no se les permitió acudir al sanitario durante la privación ilegal de la que fueron víctimas, “por lo que realizaron sus necesidades fisiológicas en sus ropas, aunado a que tampoco se les proporcionó alimentos”.

Según el testimonio, ella y las menores fueron trasladas a un lugar “donde escucharon los gritos de dolor provocados por los golpes inferidos a su esposo y padre, respectivamente; también señaló que, al día siguiente, alrededor de las 13:00 horas, fueron abandonadas en una carretera estatal y amenazadas con causarles daño si denunciaban lo ocurrido”.

Sobre el esposo de la quejosa, el organismo informó que, siendo servidor público de la Fiscalía General de Tabasco, fue puesto a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, y que con otro de los compañeros del también víctima están siendo procesados por delitos federales.

Durante la investigación del organismo público, que incluyó los testimonios de varios civiles que auxiliaron a la mujer y a las niñas, se acreditó que éstas “fueron privadas ilegalmente de la libertad, toda vez que no se les atribuía la comisión de delito alguno y, con su detención, se generó un acto de molestia que no estuvo fundado ni motivado por parte de la autoridad responsable”.

En cuando al padre de la familia agredida, la CNDH encontró “evidencias suficientes que permiten acreditar que fue detenido de manera arbitraria, ya que, si bien se le imputaba la comisión de un ilícito, no se cumplieron los requisitos constitucionales establecidos para llevar a cabo su aseguramiento, además de que existió una dilación de 27 horas para ponerlo a disposición del Ministerio Público de la Federación”.

El organismo sostuvo que después de practicar diversos estudios psicológicos, “cuenta con elementos suficientes para acreditar que se cometieron actos de tortura en contra de dos de las niñas y su madre, por las amenazas proferidas en su contra, las privaciones a las que fueron sometidas y exponerlas a escuchar los actos cometidos en contra de su familia, lo cual les causó un daño emocional”.

Además, los peritos médicos y psicológicos de la CNDH comprobaron que al esposo de la quejosa se le agredió “física y psicológicamente para que aceptara los delitos que se le estaban imputando”.

De esta manera, se confirmó que las niñas fueron víctimas de la violación a los derechos de libertad e integridad personal, y a una vida libre de violencia y al interés superior de la niñez, abusos cometidos por agentes de la Policía Federal (PF).

La CNDH resaltó que los agraviados también sufrieron la violación al derecho a la justicia, pues se verificó que la PGR “no ha realizado las acciones necesarias para investigar diligentemente los actos cometidos en contra de las víctimas, luego de la denuncia de hechos presentada ante esa instancia desde el 1 de diciembre de 2015”, a lo que se añade que un servidor público de la dependencia “proporcionó a este organismo autónomo información no correcta sobre el caso”.

Tras aclarar que la CNDH “no se opone a la prevención, investigación y persecución de los delitos por parte de las autoridades”, como lo es el robo del combustible, delito federal del que se acusa al padre de familia involucrado, el organismo apuntó que “dichas acciones se deben llevar a cabo respetando los derechos humanos establecidos en la normatividad nacional e internacional”.

Ante las evidencias, la CNDH solicitó al procurador que se instruya al subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR a continuar con la investigación de los hechos que motivaron la recomendación, y que colabore en la presentación y seguimiento de la queja que se promueva ante el Órgano Interno y la Visitaduría General de la dependencia.

Se pide “diseñar e implementar un protocolo de actuación que contenga los lineamientos a seguir en casos donde se vean involucradas personas menores de edad con adultas que sean detenidas, en el que se considera la inmediata intervención de los Sistemas de Desarrollo Integral de la Familia, Nacional o Estatales, y la Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, así como emitir una circular para que se colabore con la CNDH en la información que solicite y otorgar el acceso a las averiguaciones previas y carpetas de investigación del asunto”.

En su recomendación, la CNDH instruye al titular de la CNS a “reparar de forma integral los daños a las personas afectadas, que incluyan una compensación, atención psicológica y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas”, así como colaborar en la presentación de la queja y denuncia que el organismo nacional presente ante la Unidad de Asuntos Internos de la PF y la PGR, respectivamente, “además de impartir al personal de la Policía Federal destacamentado en Tabasco un curso de capacitación sobre el respeto a los derechos humanos en casos de detención”.

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