¡Lo difícil no fue llegar, lo difícil será mantenerse, cumplir... Cada pueblo tiene el gobierno que se merece! La lucha sigue...

El caso de Miroslava Breach confirma el vínculo entre narco y política

POR MARCELA TURATI , 30 DICIEMBRE, 2017

Miroslava Breach, asesinada en Chihuahua el pasado 23 de marzo, era una periodista comprometida con su labor: investigaba asuntos riesgosos, los que tienen que ver con el crimen organizado, y no le temblaba la mano para publicarlos. La captura del presunto autor intelectual del crimen, realizada el lunes 25 de diciembre, dio pie a un juicio durante el cual se hizo pública la grabación de una conversación telefónica entre la reportera y un funcionario del PAN chihuahuense, lo que confirma lo dicho –y luego desmentido– por el gobierno estatal: en el fondo del caso se encuentra la “narcopolítica”.

CHIHUAHUA, Chih. (Proceso).- “Políticos panistas pusieron a Miroslava”. Así tituló El Diario de Chihuahua su edición del viernes 29 de diciembre, donde reseña la audiencia oral en la que se presentaron pruebas contra Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry, integrante del grupo armado Los Salazares y señalado como orquestador del asesinato de la periodista Miroslava Breach, y donde queda claro también que dos funcionarios panistas están implicados en el crimen.

Periodistas protestan en la PGR por el asesinato de Miroslava Breach
Foto: Hugo Cruz

Sin embargo, la veta narcopolítica que el propio gobernador panista Javier Corral había mencionado como móvil del asesinato, el pasado 23 de marzo, de la corresponsal de La Jornada, es negado ahora por el gobierno estatal y por el PAN, que intentan borrar dicha vertiente en la ejecución de la reportera que denunciaba la colusión entre narcotraficantes y políticos.

Antes de iniciada la audiencia –que se llevó a cabo sin la presencia del detenido– el secretario estatal de Gobierno, César Jáuregui, ya había declarado a la prensa que “no hay nadie por encima de este personaje”, como si El Larry fuera el último eslabón de la cadena criminal.

El lunes 25 Corral anunció que el recién capturado era autor intelectual del asesinato de la periodista; horas después, en un mensaje navideño, lo mencionó como “orquestador” del crimen y agregó: “Sabemos qué ocurrió, cómo sucedió y quiénes son los autores”.

Notas periodísticas publicadas simultáneamente en medios locales el día de la captura dieron a conocer que el detenido –además de viajar en avionetas, controlar los municipios limítrofes entre Chihuahua y Sonora y tener un narcocorrido en su honor–, habría asesinado a Miroslava como regalo de cumpleaños para Adán Salazar Zamorano, Don Adán, patriarca del clan de Los Salazares, preso desde 2011, operador del Chapo Guzmán y supuestamente nacido un 23 de marzo.

El regalo a Don Adán daría cabida a la teoría del asesino solitario.

Y si bien a mediados de octubre la Fiscalía General de Chihuahua adelantó que Gente Nueva –brazo del Cártel de Sinaloa– era el grupo responsable, el miércoles 27 de diciembre los nombres de dos funcionarios panistas surgieron durante el juicio: fue cuando el Ministerio Público leyó la transcripción de un archivo de audio extraído de una laptop encontrada en la casa de uno de los cómplices del crimen.

Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2148, ya en circulación

Peña y su corrupción en medios, nunca más un telepresidente

POR JENARO VILLAMIL , 28 DICIEMBRE, 2017

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- No deja de resultar una tremenda paradoja que el sexenio con mayor número de asesinatos a periodistas sea también el gobierno que más ha despilfarrado en presupuesto público para promoverse en medios.

En el fondo, ambas caras de la moneda remiten a lo mismo: una fórmula criminal por un lado, y perversa por el otro, de negarle a la sociedad el derecho a la información. Métodos de eliminación de reporteros junto a un sistemático modelo de sumisión de los concesionarios, dueños y empresas que controlan a los medios.

Micha y Peña durante su participación en el foro impulsando a México
Foto: Miguel Dimayuga

El reportaje navideño de The New York Times corrobora lo que desde 2005 hemos publicado en Proceso: detrás de Peña Nieto no hay un proyecto de comunicación sino de intensa corrupción. Se paga con dinero del erario a los medios para dominarlos, para encubrir la crítica, para simular popularidad, aceptación y entretenimiento disfrazado de propaganda a favor del peñismo. Le sirvió para comprar la Presidencia de la República en 2012. Ha sido nefasto para gobernar.

¿De qué han servido los más de 2 mil millones de dólares del presupuesto destinados a alimentar el grotesco espejo de la bruja de Blanca Nieves en el gobierno de Peña Nieto? Ha servido para alimentar a un grupúsculo de concesionarios, comunicadores y directivos de medios que perdieron el respeto por sí mismos y la credibilidad de la sociedad desde el 2014.


Mientras la tragedia de Ayotzinapa y la corrupción de la Casa Blanca alarmaban a todo el mundo, en México los promotores pagados de Peña Nieto, sus bots periodísticos, hablaban del Mexican moment, y acusaban a los normalistas de Guerrero y a la periodista Carmen Aristegui de ser “enemigos personales” de un presidente fantasmal.

¿A quién han convencido los publirreportajes de Televisa, TV Azteca, estaciones de radio, decenas de periódicos e, incluso, portales digitales donde se recicla el dinero público? A nadie. En diciembre de 2016, Peña Nieto cayó a su nivel más bajo de aceptación pública, según una encuesta del periódico Reforma: 23 por ciento entre la población abierta (un trimestre anterior había registrado 32 por ciento) y 18 por ciento entre líderes de opinión. ¿De qué sirvieron los 1 mil 800 millones de dólares destinados a los medios, 60 por ciento de ellos a la televisión hasta esa fecha?

Vaya, ni siquiera han servido para salvar a Televisa o a TV Azteca de su crisis estructural. El peor año de aceptación de Peña Nieto -2016- coincidió también con el peor año en las finanzas de Televisa, con el despido de más de 3 mil de sus trabajadores, con el “relanzamiento” fallido de una empresa que perdió la brújula de su contenido por los delirios de grandeza de sus ejecutivos que se sintieron “el verdadero poder”. Las audiencias y los anunciantes los han abandonado, a pesar de los millones de pesos del erario en publicidad y de otros millones en efectivo que no se ven ni se contabilizan.

El reportaje de Azam Ahmed en The New York Times no revela nada nuevo, pero le da cuerpo y forma a un fenómeno típico del peñismo: la reproducción de la fórmula fallida y corrompida del telepresidente en todas las entidades.

“El resultado es un panorama mediático en el que los funcionarios federales y estatales dictan las noticias de forma rutinaria, exigiéndole a los medios qué es lo que deberían y lo que no deberían informar, según docenas de entrevistas con ejecutivos, editores y periodistas. Los reportajes contundentes a menudo son suavizados o se posponen indefinidamente, si es que llegan a investigarse. Dos tercios de los periodistas mexicanos admiten que se censuran”, sintetiza Ahmed en uno de los párrafos clave de su reportaje.

En otras palabras, es la descripción de una derrota del periodismo en la era de Peña Nieto: dos terceras partes (66 a 70 por ciento) de los periodistas que han “normalizado” la censura es un escándalo para cualquier nación civilizada. En México no. Hay entidades, como en Tamaulipas, Guerrero o Veracruz, donde el 95 por ciento (por no decir el 100) de los periodistas deben censurarse para sobrevivir.

Esta es la auténtica tragedia de la era del telepresidente mexicano: una corrupción infame para enriquecer a unos cuantos barones de los medios, sin lograr convencer a la sociedad de ninguna de las bondades de soportar esta cleptocracia, junto a los cadáveres de reporteros y reporteras que por atreverse a “ir más allá” fueron eliminados o despedidos de la manera más grotesca de sus espacios informativos. Y ahí estará el caso de Aristegui y su equipo de reporteros de investigación que fueron cesados de manera ignominiosa de MVS, justo cuando en el mundo entero se aplaudía la valentía de develar La Casa Blanca de Peña Nieto.

Mayor paradoja no pudo existir, peor tragedia para el periodismo no pudimos vivir. Por fortuna, quedan las excepciones a esta regla. Por fortuna, el telepresidente no volverá más a existir.


México dejó de ser puente de tránsito de drogas para convertirse en consumidor: WP

POR LA REDACCIÓN , 26 DICIEMBRE, 2017

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- México dejó de ser puente de tránsito de la droga hacia Estados Unidos para convertirse en uno de los principales países consumidores, según confirma hoy el influyente diario estadunidense The Washington Post.

En el texto titulado “El narcotráfico en México golpea su propio hogar”, el rotativo resalta que “si bien las tasas de consumo de drogas siguen siendo muy inferiores a las de Estados Unidos, el porcentaje de hombres mexicanos entre 12 y 65 años que consumieron drogas ilegales casi se duplicó en la última década (hasta el 15.8%) mientras que el porcentaje de mujeres aumentó más del doble (4.3%)”.

Un adicto a la heroína en Ciudad Juárez, Chihuahua/Foto: Germán Canseco

Con datos del Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic), el reportaje subraya que ahora los funcionarios mexicanos deben tener en cuenta el creciente consumo de heroína en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez; cocaína circulando en la escena playera de Acapulco; y adictos a la metanfetamina llenando centros de rehabilitación en el oeste del estado de Jalisco.

“Se produce en México, eso es un problema, y lo exportamos, pero cada año se quedan más personas aquí, y la gente comienza a consumirlo”, confirmó al diario estadunidense el propio titular del Conadic, Manuel Mondragón y Kalb.


El funcionario añadió que a pesar de “no tener un boom de consumo, en algunos estados sí tenemos un problema”.

En particular, mencionó el caso de la ciudad fronteriza de Tijuana que, en su opinión, se ha convertido en una de las áreas más problemáticas.

Según la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, fue entre 2013 y 2016, cuando impulsado por “el voraz apetito” de los estadunidenses, México triplicó la producción. Además, a medida que las autoridades de Estados Unidos tomaron medidas enérgicas contra los laboratorios de metanfetamina de ese país, la producción se trasladó a México.

El Washington Post señala que tras las medidas de seguridad que el gobierno estadounidense impuso luego del atentado del 9/11, las drogas se han agrupado del lado mexicano.

“Los cárteles han inundado la frontera “con enormes cantidades de metanfetamina que no pueden cruzarse a Estados Unidos, por lo que tan rápido como llegan, los distribuidores de nivel medio y bajo lo expulsan a los mercados locales”, señaló un funcionario de la fuerza pública estadunidense, en anonimato, con WP.

Las drogas se han convertido en algo cotidiano en el entorno mexicano a pesar de que los funcionarios mexicanos aseguren estar trabajando duro para crear conciencia sobre el problema de las drogas. Incluso, la Comisión Nacional contra las Adicciones ha desarrollado alianzas con las escuelas militares y públicas y ha establecido consejos a nivel estatal para promover la prevención.

Sin embargo, no hay señales de que la tendencia se revierta.

Viuda del periodista Javier Valdez reprocha a Peña: “Dígame usted, ¿qué les digo a mis hijos? ¿que su gobierno no puede?”

POR LA REDACCIÓN , 25 DICIEMBRE, 2017

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Griselda Triana, viuda del periodista Javier Valdez, reprochó al presidente Enrique Peña Nieto la impunidad en el caso del asesinato de su esposo, ocurrido el 15 de mayo de este año.

En un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, Triana consideró que el mandatario ha demostrado que “no puede” resolver el caso y castigar a los responsables.

Griselda Triana, viuda del periodista Javier Valdez, en Madrid/Foto: Especial



En el texto, acusa que en México casi todo es posible, menos la justicia y agrega que tiene pavor de que los responsables del asesinato de su esposo también aparezcan sin vida, como ocurrió con el presunto responsable del asesinato de la periodista Miroslava Breach.

Texto íntegro de Griselda Triana:

Dígame usted, Enrique Peña Nieto, ¿qué les digo a mis hijos?
¿Qué su gobierno no puede?, ¿qué es incapaz?, ¿qué no quiere?
¿Qué ellos pueden más?
No dejo de preguntarme ¿qué hará usted este 24 de diciembre?
Mi familia, igual que la suya, hubiera querido celebrar estas fechas con su padre, Javier Valdez.
Pero eso ya nunca podrá ser porque hubo quienes se encargaron de que eso no fuera posible el pasado 15 de mayo en esta ciudad de Culiacán.
Usted, al frente de este país, ha demostrado que no puede. Que ellos mandan, que ellos pueden más que su gobierno y todas las instituciones.
¡Son más de siete meses de impunidad!!!
Usted sabe mejor que nadie que aquí, en nuestro país, casi todo es posible menos la justicia.
Usted sabe quién manda aquí y no es Usted!
Que es el dolor y la impotencia por la falta de resultados sobre quiénes y por qué mataron a su padre lo que me hace escribirle esto
Por supuesto que sí, pues qué esperaba!
Que tengo pavor de que quienes asesinaron al padre de mis hijos, mi esposo y compañero, tengan el mismo fin de quien cegó la vida de Miroslava Breach y de una decena más de periodistas en lo que va de este 2017? Por supuesto!
Quienes lo hicieron, quienes jalaron los gatillos de las armas que acabaron con la vida de Javier deben pagar (si es que aún viven) y resolver este crimen es responsabilidad de su gobierno.
Vergüenza debe tener por el deshonroso lugar que ocupa nuestro país en crímenes de periodistas.
Nada más y nada menos que el Primer lugar junto con Siria!
A mí sí me avergüenza, y desearía que ningún familiar de periodistas de este país tuviera que vivir el dolor que la mía está pasando.
Entonces, ante la falta de resultados sobre los crímenes, agresiones y desapariciones de periodistas en este país, quién tiene las respuestas?
¿Quién manda?
¿Quién controla este país?
¿Usted?
¿Ellos?
Nuestra mesa está servida y el mejor de los brindis será por Javier. Celebraré, con todo el dolor que implica su ausencia, haber compartido treinta años a su lado. Celebraremos al padre, al hijo, al hermano, al esposo y compañero. Celebraremos nuestra vida al lado de uno de los mejores y más valientes periodistas de este país en los años recientes.
Pero tenga muy claro, señor Enrique Peña Nieto:
¡Nunca celebraremos la impunidad!
¡Jamás celebraremos la injusticia!

Desde Chihuahua, la vasta red de complicidades del PRI

POR PATRICIA MAYORGA , 24 DICIEMBRE, 2017

A fin de obtener sentencias más benévolas por cooperar con las autoridades, los exfuncionarios chihuahuenses que operaron los millonarios desvíos del erario hacia las campañas del PRI en diversos estados detallaron ante la Fiscalía de su entidad cómo se cometió el delito, quiénes dieron las órdenes y de cuáles empresas se sirvieron. El resultado: la confirmación de las complicidades entre políticos y empresarios al más alto nivel para malversar fondos públicos con fines electorales.

CHIHUAHUA, Chih. (Proceso).- Desde el gobierno de César Duarte Jáquez se orquestaron estrategias para desfalcar las arcas públicas de varias entidades en contubernio con gobernadores, líderes nacionales del PRI y empresarios, de acuerdo con información ventilada en investigaciones periodísticas y sobre todo, en audiencias públicas de exfuncionarios procesados o sentenciados.


El exgobernador de Chihuahua Cesar Duarte, profugo de la justicia
Foto: Germán Canseco 


Las principales dependencias oficiales utilizadas para operar los desvíos del dinero público y en las que el entonces gobernador Duarte Jáquez colocó a gente de su confianza, fueron las secretarías de Hacienda, Salud, Comunicaciones y Obras Públicas, Desarrollo Rural, Educación y la coordinación de Comunicación Social.

La investigación relacionada con una red de corrupción de gobiernos priistas se denomina Operación Zafiro y, de acuerdo con información extraoficial de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, incluye entidades como Nayarit, Quintana Roo y Aguascalientes.


El caso del exsecretario adjunto del PRI nacional y exsenador por Coahuila, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, dejó expuesta una red de funcionarios y empresarios que operaron para desviar recursos a campañas políticas o para acrecentar sus fortunas personales.

Gutiérrez Gutiérrez fue vinculado a proceso el jueves 21, en la Ciudad Judicial de Chihuahua, por el delito de peculado agravado.

En el PRI, al exsenador lo apodan La Coneja, por su gran capacidad para conseguir recursos y desviarlos, de acuerdo con los testimonios ventilados en la audiencia de vinculación a proceso.

Está acusado de gestionar al menos 250 millones de pesos para el gobierno estatal a través de la Secretaría de Educación y Cultura del sexenio duartista, y de buscar empresas que simularan contratos para encauzar el dinero hacia campañas electorales en varios estados.

Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2147, ya en circulación

La masacre de Acteal, culminación de una política de Estado contra indígenas

La rebelión de los habitantes de San Pedro Chenalhó motivó la reacción oficial

El Consejo de Seguridad Pública Estatal, controlado por Mario Renán Castillo, articuló los grupos paramilitares

César Ruiz Ferro usó los programas sociales para cooptar opositores

Jesús Ramírez Cuevas (Especial para La Jornada)

La matanza de 45 indígenas en Acteal, Chiapas, ocurrida el 22 de diciembre de 1997, fue consecuencia de la política oficial seguida para castigar y desarticular a los indígenas de San Pedro Chenalhó que adoptaron el camino de la resistencia y la construcción de un gobierno propio.

Documentar el papel de las instituciones del Estado en esa región en la escalada de violencia en Chenalhó, permite entender la responsabilidad oficial en la masacre, perpetrada por paramilitares, protegidos y armados por autoridades civiles y militares.

El crimen de Acteal fue parte de una guerra no declarada pero organizada por el Consejo de Seguridad Pública Estatal, en el que participaban dependencias federales y estatales. Bajo una lógica militar ahí se decidían programas e inversiones en las zonas indígenas.

El gobierno alentaba o creaba artificialmente conflictos de tierra, políticos o religiosos para enfrentar a las comunidades y así justificar la intervención militar.

El consejo, dirigido en los hechos por la Séptima Región Militar, bajo el mando del general Mario Renán Castillo, creó en septiembre de 1997 los comités de seguridad pública en las comunidades de Chenalhó, integrados con los miembros de los grupos armados antizapatistas.

Protegidos por la policía estatal y por el Ejército, estos comités establecieron un régimen de terror, al tiempo que promovían los programas y repartían la ayuda estatal y federal.

El experimento paramilitar comenzó en la zona norte en 1995, con Paz y Justicia, luego se exportó a los Altos y a la selva.

El secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad, Jorge Hernández Aguilar, además de borrar las huellas de la masacre de Acteal, encabezó múltiples ataques a pueblos zapatistas. Incluso disparó desde un helicóptero en San Pedro Nixtalucum, en marzo de 1997. De esta manera, el gobierno “construía” la paz en Chiapas, sembrando polarización social y terror.

Uso de programas oficiales

El gobierno de Julio César Ruiz Ferro reforzó esta política para cooptar o desmantelar a las organizaciones opositoras. Los programas sociales de salud, educación, vivienda y servicios públicos se subordinaron al objetivo de ganar la guerra de desgaste contra las comunidades zapatistas.

Por ejemplo, el representante de la Secretaría de Atención a los Pueblos Indígenas (Seapi) en el Consejo de Seguridad era Pedro de Meza, abogado del grupo paramilitar Los Chinchulines, del municipio de Chilón y brazo político del director de Seapi, Antonio Pérez Hernández, cacique de Chenalhó.

Desde mayo de 1997, con la violencia en Yaxemel y los primeros refugiados, se inician el tráfico de armas y los campos de entrenamiento. Entre septiembre y diciembre, los paramilitares lanzaron varios ataques armados contra simpatizantes zapatistas, que se defendieron en Majomut y Chimix. Curiosamente, la policía estableció campamentos en esos pueblos después de los ataques. Tras la violencia en Chimix, en octubre, donde quemaron y saquearon casas, una partida militar detuvo a los priístas con rifles AK-47 en la mano; el capitán Germán Parra los liberó por ser del PRI.

Han pasado 20 años de aquella masacre


El consejo, inteligencia militar y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional presentaban informes, diagnósticos y propuestas sobre las distintas regiones de la zona de conflicto. Coincidentemente, surge el MIRA (Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista), una especie de federación de grupos paramilitares que operan en varias regiones del estado con la anuencia de funcionarios y militares.

En la región de los Altos, la Seapi se encargó de promover la contrainsurgencia. Su programa de construcción de vivienda sirvió para elaborar listas en las comunidades y marcar las viviendas, antes de los ataques paramilitares.

A partir de noviembre de ese año, se intensifican las labores de inteligencia por medio de los comités de seguridad, que coordinan todos los apoyos a las comunidades, mediante Seapi. En esa dependencia se reunían frecuentemente los jefes paramilitares con Hernández Aguilar, Uriel Jarquín, un coronel del Cisen y otros oficiales de inteligencia militar.


El Genocida de Ernesto Zedillo

Otras evidencias de la responsabilidad del gobierno

La CNDH recomendó sancionar a 17 funcionarios del gobierno estatal por su actuación en Acteal. Cuatro de ellos fueron consignados, 11 más fueron inhabilitados, entre ellos el gobernador.

En los expedientes de la PGR se involucra al capitán primero Germán Parra en la protección de los paramilitares. También se aportan elementos sobre el papel del Batallón 38 de Infantería. Algunos de sus integrantes o ex integrantes como Mariano Arias Pérez, Pablo Hernández Pérez y Antonio Santiz López fueron acusados de entrenar y vender las armas utilizadas en Acteal. Santiz López, considerado el jefe de los paramilitares, fue liberado pese a las pruebas en su contra.

Las declaraciones de los policías estatales detenidos confirman que las fuerzas de seguridad protegieron, armaron y apoyaron a los paramilitares, incluso transportaron las armas homicidas en vehículos de la policía de Seguridad Pública y participaron en los robos cometidos por civiles armados.

José Luis Rodríguez Orozco, director de Seguridad Pública, hoy prófugo de la justicia, declaró que “tenía conocimiento de que un miembro del Ejército, el capitán Germán Parra, les devolvió a unos indígenas amigos un cuerno de chivo y un R-15” (Exp. 27/98 Tomo II. p.770).

Oficiales del Ejército y autoridades estatales y federales apoyaron las operaciones de los autores de la masacre de Acteal. Así lo afirmó Roberto Arcos Jiménez, agente del Ministerio Público estatal detenido por la PGR. El funcionario señaló que los integrantes de las Bases de Operaciones Mixtas (BOM) en Chenalhó, a cargo del Ejército Mexicano, protegían a los grupos civiles armados. Arcos denunció a los oficiales del Ejército y funcionarios estatales: el capitán Parra Salgado, del Batallón 38; Eduardo Tamez, oficial de la PGR en Chiapas; Carlos Vidal, oficial de la policía judicial estatal, y el comandante policiaco Misael López, de la BOM de Pantelhó.

Roberto Arcos denunció que en una ocasión sorprendieron a priístas armados en La Esperanza, pero que el capitán Parra dio la orden de liberarlos. “Le dije al capitán Parra que teníamos que consignar a esas personas; me respondió en tono amenazante que no reportara nada, que ellos sabían cómo se iba a solucionar ese problema; que me callara, o de lo contrario me daría una calentadita o me iba a desaparecer”.

Según las investigaciones de la PGR, al menos tres oficiales del Ejército Mexicano brindaron protección y posible entrenamiento a los autores materiales de la matanza. Todos fueron trasladados a la región militar de Veracruz y la Procuraduría de Justicia Militar congeló las indagatorias.

Los policías encarcelados y Arcos Jiménez afirmaron haber recibido instrucciones de proteger a los grupos armados de Jorge Gamboa Solís, José Luis Rodríguez Orozco, jefes de la policía de Seguridad Pública, y de Jorge Hernández Aguilar.

Estos elementos son apenas una parte de las evidencias que llevan a concluir que la matanza de Acteal es un crimen de Estado. Hace falta una investigación a fondo que haga justicia y juzgue el papel de los gobiernos federal y estatal.

Trabajamos por el Fútbol Chiapaneco: Felipe Narvaez


Corresponsal y Foto: Napoleón López

Reforma, Chiapas, Diciembre 21.-Árbitro Tabasqueño se integra a la Asociación de Futbol de Chiapas (Afuchac) informo Jesús Felipe Narváez coordinador regional de dicha asociación en la zona norte de Chiapas.

Jesús Felipe Narváez señalo que la Afuchac busca promover el deporte del fútbol de manera organizada y apegado a los reglamentos que rigen a la Comisión nacional del Deporte (Conade) además de garantizar la seguridad física del jugador y su formación de manera profesional.      


Fernando Ramos, Felipe Narvaez, Guillermo Dantory y su Hijo.

En este sentido dijo que el fútbol no se debe estancar en un caciquismo, debe promoverse y darle el valor que merece, ello debido a que han existido personas aquí quienes solo quieren vivir del fútbol sin profesionalizarlo.

Reforma se había caracterizado, señalo, por futbolistas que jugaban bien y algunos hasta de manera profesional, pero no se les dio el apoyo ni la continuidad que debió darse al deportista, por ello se suman a esta asociación Fernando Ramos y Guillermo Dantory y su hijo. 

Por ello el contador público José Isabel Tasiaga Castillo quien es presidente de la asociación de futbol del estado de Chiapas con sede en la ciudad de Tapachula tiene como fin, aseguro, promover los valores del Futbol en los niños, que vengan los semilleros y crezcan con los torneos infantiles, juveniles, esa es la encomienda, asevero.

Además adelanto que se tiene programado un torneo de la categoría de olimpiadas estatales, la sede podría ser Reforma Chiapas, pero solo necesitan el respaldo del presidente municipal Herminio Valdez además de que ya hay un patrocinador de nombre Nolasco Montalvo Copto quien es gerente general de una empresa privada en la zona sureste.

Por ello dijo que si el presidente municipal los apoya para llevar acabo los torneos programados este sería en la unidad Deportiva localizada en la ranchería Zaragoza, ahí hasta nos comprometeríamos a la categoría libre en Reforma que sería en el mes de junio o julio a mas tarde del año 2018. En ese torneo dijo participarían selecciones de los estados de Yucatán, Veracruz, Tabasco, Oaxaca. 

Si el presidente nos apoya los pre-nacionales se llevarían a cabo en las fechas de abril-marzo durante la Feria regional de Reforma para darle realce ya que vendrían personas de municipios de Tapachula, Comitán, Tuxtla, tabasco entre otros estados. 

Sobre el árbitro de reforma Mauricio Dantori Córdova quien es originario de la colonia del Carmen pero que perteneció al cuerpo de arbitraje de Tabasco, es ahora quien representara a la zona de Chiapas como árbitro en el estatal en el municipio de Cacahoatan Chiapas, tras esa participación, este vendrá con un reconocimiento como Delegado Arbitral de esta zona de Chiapas. 

Finalmente revelo que se abrirá una escuela de fútbol y sus instalaciones estarán en la colonia del Carmen además la escuela estará dirigida por uno de los técnicos de más prestigio y renombre en todo el sureste que es el profesor Zaragoza Cruz Morales que cuenta con licencias para las visorias de los pumas de la UNAM, de salir buenos jugadores estos podrían ir a campeonatos estatales, nacionales. 

Investigación revela cómo tejió el PRI una red nacional de desvíos millonarios a campañas estatales

POR AZAM AHMED Y J. JESÚS ESQUIVEL* , 22 DICIEMBRE, 2017

CHIHUAHUA, México.- Un exdirectivo del partido del presidente Enrique Peña Nieto fue arrestado como parte de una investigación sobre el uso ilegal del dinero público para impulsar las campañas de su partido en las elecciones mexicanas del año pasado, anunciaron este miércoles los funcionarios estatales.

El exdirectivo, Alejandro Gutiérrez, es uno de los aliados del presidente mexicano que están bajo sospecha de participar en un esquema de malversación para impulsar las posibilidades de su partido en un momento de profunda insatisfacción con el gobierno, de acuerdo con exfuncionarios vinculados al plan y cientos de páginas de documentos revisados por The New York Times.

El arresto de Gutiérrez, un veterano político que en ese momento era el secretario del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es parte de una investigación cada vez más amplia sobre la enorme corrupción sucedida bajo el mandato del anterior gobernador del estado de Chihuahua. El gobernador era un amigo cercano del presidente de México y una estrella en ascenso del PRI antes de que huyera a Estados Unidos para evitar los cargos de corrupción.

El caso en su contra ha afectado a media docena de exfuncionarios del estado; algunos ya están cooperando con las autoridades.

Peña Nieto en una imagen donde aparece con los exgobernadores 
César y Javier Duarte/Foto: Especial

Pero la investigación se está extendiendo y amenaza con llegar a los cargos más altos del gobierno, según el testimonio de los exfuncionarios del estado y los registros financieros revisados por The New York Times.

Gutiérrez está siendo investigado en relación a lo que los exfuncionarios definen como un plan nacional para canalizar decenas de millones de dólares del dinero público para ayudar a los candidatos del PRI en las elecciones para gobernador de 2016.

El dinero se envió a estados con gobernadores cercanos dentro del partido. Luego, esos funcionarios crearon una serie de contratos gubernamentales con compañías falsas que finalmente devolvieron el dinero para que fuera usado en las campañas, según el testimonio y los registros consultados.

En ese momento, los principales funcionarios del PRI estaban preocupados por perder las elecciones estatales en junio de 2016. Los exfuncionarios estatales dicen que el patrón de malversación de fondos para financiar las elecciones se produjo en varios estados donde el PRI temía perder el control.

Los documentos revisados por The New York Times se centran en gran medida en el esquema de malversación en Chihuahua. Según los registros, millones de dólares del gobierno federal fueron transferidos en enero de 2016 al estado con el propósito de ser utilizados en el sector educativo.

Luego, el dinero se desvió a cuatro compañías utilizadas para malversar los fondos, un negocio que el auditor fiscal del país ha incluido en la lista negra por ser empresas falsas, según los contratos gubernamentales revisados por este diario.

Esas compañías, supuestamente contratadas por el estado de Chihuahua para proporcionar servicios educativos, recibieron casi 14 millones de dólares en sus cuentas, según los contratos y los registros bancarios que muestran que el dinero se había recibido.

Pero las empresas no proporcionaron esos servicios, según las declaraciones juradas de los actuales funcionarios de educación del estado. En cambio, el dinero se convirtió en efectivo y se devolvió al PRI para que fuera utilizado en las campañas electorales, según los antiguos funcionarios del estado vinculados al plan.

Uno de esos funcionarios llamado Ricardo Yáñez, el exsecretario de Educación de Chihuahua, describió la trama en un documento de sentencia. Yáñez está cumpliendo una sentencia de prisión de cuatro años.

Sin embargo, no todo el dinero se destinó a fines políticos.

Alrededor de 230 mil dólares se depositaron directamente en una cuenta comercial operada por Gutiérrez, el exsecretario del PRI, según los registros bancarios y las declaraciones de los testigos.

La red de pagos sugiere un vínculo entre el esquema de malversación y los líderes nacionales del partido.

Los contratos y los registros bancarios muestran que millones de dólares se destinaron a algunas de las mismas empresas falsas, o empresas conectadas a ellas en los estados de Sonora y Durango. Los registros bancarios también muestran cientos de miles de dólares en depósitos a algunas de las compañías por parte del estado de Colima. Y en su testimonio, los exfuncionarios relacionados con este esquema dijeron que también se realizó en los estados de Veracruz y Tamaulipas.

Los funcionarios de Veracruz no respondieron a las repetidas solicitudes de declaraciones. Y el actual gobernador de Tamaulipas, un político de la oposición que ganó su cargo durante las elecciones de 2016, dijo que una investigación de sus funcionarios no encontró ningún contrato con las cuatro principales compañías falsas.

Aún no está claro quién más pudo haber participado en el plan. En el documento de sentencia, Yáñez, el ministro de Educación estatal que ya fue declarado culpable, es citado diciendo que tanto Gutiérrez como el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, le dijeron que el dinero había sido enviado por el gobierno federal para financiar las campañas electorales del partido. Afirmó que le dijeron que el mismo plan se había realizado en varios estados.

Duarte huyó a Estados Unidos donde está evadiendo los cargos federales y estatales de corrupción, incluidas las acusaciones de que robó más de 300 millones de dólares durante su gestión en el estado.

La hija de Duarte es ciudadana estadunidense y, de acuerdo con los documentos legales revisados por The New York Times, el exgobernador solicitó una tarjeta de residencia permanente.

Se cree que Duarte vive en Texas y Nuevo México. Los intentos por contactarlo por teléfono y a través de visitas a diez propiedades que presuntamente son suyas en El Paso y sus alrededores fueron infructuosos.

El jefe del partido de Peña Nieto en el momento del plan de financiamiento de la campaña, Manlio Fabio Beltrones, es aliado desde hace mucho tiempo del presidente y su familia.

Beltrones también es mencionado en el documento de sentencia. Yáñez dijo que el exgobernador le dijo que Beltrones había ideado el plan. Los intentos por contactar a Beltrones el miércoles no tuvieron éxito.

En el documento, Yáñez dijo que se reunió con Gutiérrez, el exdiputado del PRI, y otros funcionarios en la sede del partido en Ciudad de México. En ese momento, el PRI ya había perdido las elecciones y la mentalidad de los participantes cambió a disminuir los daños.

Los casos de la campaña son parte de una amplia investigación en curso en Chihuahua, donde el nuevo gobernador, Javier Corral, le ha encargado a su fiscal general que investigue la corrupción.

El margen de maniobra que Corral ha otorgado a los fiscales es raro en México, donde las investigaciones muy pocas veces se inician y, si se permiten, raramente llegan más allá de los de los funcionarios de bajo nivel.

A lo largo de los meses, los fiscales han trabajado lentamente en una lista de exfuncionarios que sirvieron en el gobierno del anterior gobernador, Duarte, y los presionaron para que cooperaran.

En enero de 2016, el estado de Chihuahua enfrentaba problemas financieros y necesitaba ayuda para hacer la nómina. Jaime Herrera, el exsecretario de Finanzas del estado durante la gestión de Duarte, necesitaba casi 16 millones de dólares para aliviar la tensión financiera.

Dos días después, en un contrato de siete páginas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aceptó el pedido. De acuerdo con la oficina del gobernador, un cambio de dos días para una solicitud tan grande fue una decisión asombrosamente rápida.

Pero el motivo de la transferencia, de acuerdo con los antiguos funcionarios estatales, era un engaño. Según ellos, Gutiérrez, el exdirectivo del PRI, había llamado a funcionarios en Chihuahua para que le pidieran el dinero a los funcionarios federales, según el testimonio.

La operación, explicaron los funcionarios del estado, era una forma compleja y probada de malversar fondos. A los funcionarios se les dieron los nombres de cuatro compañías que supuestamente le proporcionarían servicios educativos al estado: se trataba de las empresas falsas desde las cuales los miembros del partido podían desviar el dinero.

Una compañía recibió alrededor de 5.2 millones de dólares por vender el software estatal de recursos humanos. A otras tres empresas se les pagaron millones por servicios de capacitación y educación, según los contratos revisados por The New York Times.

De acuerdo con especialistas en contrataciones, los montos pagados por el estado eran astronómicamente altos por los servicios que brindaban.

Los pagos se movieron rápidamente. A fines de febrero, los contratos habían sido redactados y firmados por los funcionarios del estado, y en abril los cheques fueron enviados a cada una de las compañías.

De los aproximadamente 15.8 millones de dólares enviados al estado por el gobierno federal, el partido sólo solicitó que se le devolvieran 14.4 millones de dólares, según el testimonio de los funcionarios estatales. El resto, dijeron, se podría gastar como quisieran los funcionarios del estado.

De cada una de las compañías, el dinero fue transferido a docenas de otras compañías, varias de las cuales también aparecen en la lista negra de empresas falsas de las autoridades tributarias nacionales, según los documentos.

A partir de ahí, el dinero desapareció. La única pista sobre a dónde fueron a parar esos recursos se encuentra en el testimonio de los dos exfuncionarios del estado, a quienes los miembros del partido les dijeron que el dinero se gastó en el financiamiento de la campaña.

*J.Jesús Esquivel es corresponsal de Proceso en Washington

Le transa su Tele!!


Corresponsal: EXPRESIÓN REVISTA
Foto: COMUNICACIÓN CREATIVA

Reforma, Chiapas; A 20 de Diciembre del 2017.- Acusa la señora Yolanda Ribon Bautista casa de préstamo "Mazatlán" de abuso de confianza y transa pues cobró el 65% de interés sobre un referendo. 


En un periodo de un año el interés aumento un 55%

La señora Ribón Bautista relató que fue a empeñar un televisor marca Sony el cual solo lo empeñaria por uno días pero  al ir a buscar su prenda empeñada le cobraban un 65% de interés sobre el préstamo por unos dias cosa que le causó molestia pues hace un año también empeño una prenda y solo le cobraron un 10% de interés;   ante tal situación decidió pagar pero les pidió tiempo para juntar el dinero; una vez  reunida la cantidad de dinero decidió ir a la casa de empeño por su Televisor pero su sorpresa fue mayúscula pues le dijeron que la prenda empeñada ya había sido vendida.

Ante tal situación la señora Yolanda Ribón Bautista decidió acusar públicamente a esta casa de empeño de abuso de confianza y de que prácticamente le robaron su televisor.

Tapan baches con Chapopote!!

Corresponsal: EXPRESIÓN REVISTA
Foto: COMUNICACIÓN CREATIVA

Reforma, Chiapas; A 19 de Diciembre del 2017.- Una verdadera burla  considera Joel De la Rosa Alvarado dirigente municipal del Partido del Trabajo (PT) el relleno de hoyos con Chapopote de las principales calles de Reforma que realiza Obras Públicas Municipal que dirige Ernesto Samayoa.

Solo limpian y tapan el bache con el Chapopote

El dirigente petista señaló que esta mega obra de gran impacto que mandó a realizar el Presidente Municipal Herminio Valdez Castillo la considera una burla para la inteligencia de los ciudadanos de Reforma pues aparte de que no resuelve el problema de raíz no duda que los reportes de gastos serán de varios miles de pesos y que los remiendos que realizaron solo duraran un breve tiempo.

Para finalizar Joel De la Rosa que también es el precandidato del PT a la Presidencia municipal de la alianza "Juntos Haremos Historia" conformada por Morena-Pes y PT mencionó que durante los dos años de este gobierno Verde de Valdez Castillo no ha reparado las calles como debe de ser y eso de tapar los hoyos deja mucho que decir de su administración.

Peña Nieto y las Fuerzas Armadas, en guerra contra los derechos humanos

POR JENARO VILLAMIL , 17 DICIEMBRE, 2017

Sin importar las críticas y los exhortos a México de parte de la ONU –incluyendo sus cuatro altos comisionados–, la OEA, la CNDH, universidades y un gran número de organizaciones civiles, la Ley de Seguridad Interior fue aprobada por el Congreso de la Unión. Sus promotores y defensores alegan que sólo las Fuerzas Armadas pueden enfrentar al crimen organizado. Sus opositores afirman que la actuación militar enterrará los derechos humanos. Y en la promoción de esa ley hubo un personaje central, un cabildero militar para quien la seguridad interior no comporta la defensa de ciudadanos o personas ante el crimen organizado, sino de “la supervivencia de las instituciones de la república y el orden constitucional”.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El pasado 29 de noviembre los relatores especiales Edison Lanza, de la OEA para la libertad de expresión, y David Kayne, de la ONU para los derechos humanos, se reunieron a puerta cerrada con 10 senadores y diputados del PAN, del PRD y de Morena. La preocupación central de ambos era la inminente aprobación en México de la Ley de Seguridad Interior.

El presidente Enrique Peña encabezó el 206 Desfile Militar del Día de la Independencia/Foto: Octavio Gómez

–¿Ustedes creen que se apruebe?, ¿creen que México se va a pelear contra todo el sistema de las Naciones Unidas de defensa de los derechos humanos? –preguntó Kayne.

La senadora panista Marcela Torres Peimbert respondió: “Cuando el sistema quiere imponer algo en México, utiliza todos sus recursos… y están en eso”.

Un día después, y en sesión fast track, la Cámara de Diputados aprobó la polémica ley y la envió al Senado el pasado lunes 4. La tensión social y las protestas de organismos civiles y de instancias internacionales frenaron unos días su aprobación en la Cámara de Senadores, además de que el viernes 8 el presidente Enrique Peña Nieto hizo un “llamado al Senado” para que ampliara “los espacios de acercamiento con las distintas organizaciones de la sociedad civil (para) poder escuchar todas las voces”. Pero fue un llamado a misa.

El lunes 11, a la sesión cerrada de las Comisiones Unidas acudieron siete mandatarios estatales (los de Durango, Querétaro, Guerrero, Colima, Jalisco, Tlaxcala y San Luis Potosí) y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México. La mayoría de ellos presionó para que se aprobara sin cambios la minuta de la ley.

Sólo Miguel Ángel Mancera, presidente en turno de la Conferencia Nacional de Gobernadores, advirtió que había “excesos” en la misma. “Es una ley perfectible”, afirmó.

Entre el martes 12 y el miércoles 13 arreciaron las protestas de organismos defensores de derechos humanos, de activistas y hasta de actores, como Diego Luna, quien encabezó una marcha convocada mediante las redes sociales, para hacer una “clausura simbólica” del Senado.

Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2146, ya en circulación

Se reúnen Dirigentes del PT y PES

Corresponsal: EXPRESIÓN REVISTA
Foto: COMUNICACIÓN CREATIVA

FOTO-NOTA


Reforma, Chiapas; A 16 de Diciembre del 2017.- Se reúnen los dirigentes municipales del Partido del Trabajo (PT) Joel De la Rosa Alvarado y del Partido Encuentro Social (PES) Sergio Mendoza Pedrero con la firme determinación de llegar a buenos acuerdos en la Coalición "Juntos Haremos Historia" para el próximo proceso electoral del 2018.

La Ley de Seguridad Interior “salió de una mente fallida”: Buscaglia

POR ISAÍN MANDUJANO , 14 DICIEMBRE, 2017

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La Ley de Seguridad Interior es una ley fallida que sólo pudo salir de una mente fallida, calificó hoy el investigador Edgardo Buscaglia, quien consideró que todo mexicano lúcido debería unirse, no sólo para protestar, sino para presentar una contrapropuesta o alternativa a ella.

En el contexto del Foro de Análisis Impunidad en México, convocado por el Centro de Información y Tecnología para la Democracia, AC, que dirige el investigador Sergio Saldaña, el analista argentino estuvo en Chiapas, donde hizo un llamado a crear redes sociales y ciudadanas para enfrentar acciones como la que actualmente se debate en México por la Ley de Seguridad Interior.

Edgardo Buscaglia presidente del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia AC/Foto: Miguel Dimayuga

Esta ley, advirtió, violaría los derechos humanos de forma flagrante y pone en riesgo la seguridad de los mexicanos.

“Es una ley que pretende justificar legalmente las prácticas abusivas. Es una ley que no tiene controles políticos adecuados para el presidente a la hora de declarar la intervención de un Estado o de un municipio. Es una ley que no tiene controles judiciales adecuados, donde el fiscal está ausente del control de los operativos militares”, comentó Buscaglia.

Según su análisis en su artículo 2, dicha ley define el concepto de seguridad “muy parecido al de Benito Mussolini en los años 30 en la dictadura italiana. Agregó que tiene carácter autoritario y favorece a la delincuencia organizada porque la legaliza al interior de las instituciones del Estado.

“Es una ley a la que todo mexicano debería estar oponiéndose, con una contrapropuesta, con una alternativa”, añadió.

Buscaglia sugirió que se haga una iniciativa de ley ciudadana que responda a esa propuesta del presidente Enrique Peña Nieto.

A su parecer, los gobiernos como el de Peña Nieto tienen “pavor al empoderamiento ciudadano, a que la sociedad civil cada vez más se vuelve exigente y es por eso que crean estas herramientas legales para tener un marco jurídico para reprimirlos. Todo esto con la excusa de reprimir toda protesta que no sea pacífica, concepto que es muy relativo”, concluyó.

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