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Masacres de San Fernando y Allende: doble tragedia de complicidades y omisiones

POR SERGIO AGUAYO , 10 OCTUBRE, 2016

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas ocurrida en 2010 y la de un número indeterminado de personas en Allende, Coahuila en 2011, dejaron al descubierto complicidades, omisiones y la precariedad de investigaciones que implican lo mismo a los tres órdenes de gobierno que a los órganos garantes de los derechos humanos y la transparencia.

Por la dimensión de los hechos y por formar parte de una actuación sistemática con características equiparables a lo estipulado en el derecho penal internacional, los asesinatos y desapariciones que en esos lugares perpetró la organización criminal de Los Zetas, podría establecerse la comisión de crímenes de lesa humanidad.


Lo anterior se documentó en la primera fase de un informe intitulado “En el desamparo. Los Zetas, el Estado, la sociedad y las víctimas de San Fernando, Tamaulipas (2010), y Allende, Coahuila (2011)”, coordinado por el investigador Sergio Aguayo, que en los últimos meses integró partes oficiales, investigaciones periodísticas y procesó datos estadísticos, con los que muestra que las tragedias referidas son apenas una parte de la espiral de violencia en que se vio inmerso el noreste mexicano durante el enfrentamiento del Cártel del Golfo y Los Zetas.

El mencionado informe es producto de un convenio de colaboración entre El Colegio de México y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), cuyo objetivo es investigar el trato y la reparación del daño proporcionado por el Estado mexicano en sus diferentes instituciones, a las masacres emblemáticas de esos años en Tamaulipas y Coahuila.

En síntesis, el documento concluye que “el Estado Mexicano no ha hecho su tarea” en tanto no visibiliza la problemática en sentido amplio, carece de eficiencia en la procuración de justicia y no sólo abandonó a las víctimas sino que inclusive, organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las han hostilizado.

El proyecto fue desarrollado por los investigadores Delia Sánchez del Ángel, Manuel Pérez Aguirre y Jacobo Dayán Askenazi, que además contaron con un consejo asesor integrado por Mariclaire Acosta Urquidi, Rubén Aguilar Valenzuela, Javier Sicilia Zardain y Juan Villoro Ruiz.

Para los redactores del informe, las tragedias de San Fernando y de Allende fueron el resultado de múltiples factores. Tres serían los principales: el control casi total del crimen organizado sobre algunas regiones de Tamaulipas y Coahuila; la guerra entre el Cártel del Golfo y Los Zetas iniciada en enero del 2010, y finalmente, la complicidad de algunos agentes del Estado, complementada con la indiferencia, ineficiencia y debilidad de otras dependencias.

Y es que, a lo largo de 365 páginas, divididas en un documento central y ocho anexos, los investigadores no dejan a salvo la participación de ninguna de las instancias gubernamentales:

En primer lugar, documentan ampliamente la descomposición del orden municipal que en los dos casos tenían policías absolutamente cooptadas por la organización criminal de Los Zetas. Los gobernadores en funciones cuando ocurrieron los hechos, Egidio Torre Cantú, de Tamaulipas y, Jorge Juan Torres López, de Coahuila, minimizaron lo ocurrido y no actuaron o lo hicieron mal.

Además, la Procuraduría General de la República (PGR) incurrió en numerosas anomalías en el caso de San Fernando, mientras que decidió no atraer el caso de Allende.

Por si fuera poco, la CNDH y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en su intento por mantener el expediente de San Fernando en la opacidad han litigado contra las víctimas que interpusieron un amparo cuya consecuencia fue que, en el caso de la CNDH, se enviara a personal a intimidar a las familias.

De la suma de lo anterior, viene el nombre del informe y su primera conclusión:

“Es urgente e indispensable que el Estado reestructure y mejore el funcionamiento de las instituciones encargadas de atender a las víctimas de la violencia criminal. Hasta ahora, el término que mejor define la experiencia de las víctimas es el desamparo”.


Los cuerpos de migrantes hallados en San Fernando, Tamaulipas/Foto. Especial 

La masacre de San Fernando
Con la información recopilada en el informe, en buena medida mediante la combinación de las recomendaciones que por el caso hizo la CNDH, así como por trabajos periodísticos –señaladamente los de Marcela Turati, en Proceso–, el documento deja al descubierto el manejo turbio de la investigación, por lo que persisten dudas e imprecisiones.

Un ejemplo contundente: entre los registros de la Secretaría de Marina y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas (PGJET), hay diferencia en cuanto al género de las víctimas localizadas en San Fernando, municipio que por pura estadística “puede asegurarse era en 2010 un campo de exterminio”.

Luego de hacer una balance sobre la historia del Cártel del Golfo y el surgimiento de Los Zetas, así como del proceso de violencia detonado a partir de la declaración de guerra al narco de Felipe Calderón y más aún, del rompimiento entre los dos grupos delictivos mencionados, entre otros datos de contexto, el informe plantea las omisiones e incumplimiento del Estado mexicano en el caso:

A seis años de los hechos aún no se esclarecen, no todos los responsables están identificados; procesados ni sancionados; las víctimas y sus familias no han recibido una reparación integral del daño, y se les han violado derechos del debido proceso.

En su Anexo II, el documento destaca que la CNDH en ningún momento aborda la obligación del Estado de prevenir violaciones de derechos humanos, ni investiga sobre la posible participación, omisión o aquiescencia de funcionarios públicos en la masacre. Tampoco señala violaciones a los derechos a la vida y a la integridad.

En cuanto a la reparación integral de las víctimas, la CNDH fue absolutamente omisa. Tampoco tomó en cuenta a las familias de las víctimas para la elaboración de la Recomendación 80/2013. Luego, litigó con la exigencia de las víctimas por hacer efectivo su derecho a saber.

Sin embargo, en el caso San Fernando los que salen peor parados son la PGR y el gobierno de Tamaulipas. Para el informe que se describe, la PGR no dio acceso a información a los investigadores del Colmex-CEAV, quienes debieron recurrir a información publicada en medios para exponer su análisis.

Por ejemplo, se menciona que por comunicados y notas periodísticas se supo de la detención de presuntos responsables de la masacre, pero nada se ha vuelto a decir de los procesos seguidos contra los detenidos, si continúan presos y si lo están, si tienen sentencias, o inclusive, si fueron sujetos de tortura para obtener sus confesiones.

Un dato que se destaca respecto al orden estatal es que agentes de la PGJET hicieron la entrega de 16 cuerpos al representante del Consulado de Honduras sin que existiera constancia de haber agotado las diligencias periciales necesarias para identificación de cadáveres. La consecuencia fue uno de los más graves errores cometidos en relación al caso: entre esos cuerpos uno correspondía a una persona de nacionalidad brasileña.

Como el informe se basa en parte en la Recomendación 80/2013 de la CNDH, una observación relevante es por esa y otras irregularidades cometidas durante la entrega de restos a las familias de víctimas.

“Existe información que indica que poco después de que la PGJE Tamaulipas realizara las autopsias, el 1 de septiembre de 2010, los restos de 16 migrantes hondureños fueron entregados al consulado de Honduras. De acuerdo a la Recomendación 80/2013, para ese día solamente se habían identificado los cuerpos de 14 hondureños, y sigue sin estar claro a quiénes correspondían los otros dos cuerpos.

“Además, no se sabe cómo realizaron la identificación en tan poco tiempo: una semana no es suficiente tiempo para realizar pruebas de ADN y obtener los resultados. Asimismo, aunque algunos llevaban identificaciones no se asentó qué pertenencias traía cada cuerpo; la cal con la que fueron rociados la mayoría de los cuerpos destruyó los rasgos”.

Las aberraciones continúan. Conforme a los testimonios de familias hondureñas y guatemaltecas, se supo que las autoridades de esos países les pidieron no abrir los ataúdes y confiar en que les entregaban el cuerpo de su familiar, el pedimento bajo vigilancia militar. Cuatro familias no obedecieron y terminaron rechazando los cuerpos.

Entre otros casos, llama la atención el del cuerpo de la víctima brasileña, que fue repatriado con el nombre de una de las víctimas hondureñas. La familia del brasileño dijo que, en lugar de los restos de su familiar, el gobierno mexicano le entregó un ataúd lleno de arcilla y hasta la fecha no sabían en dónde fue enterrado su familiar.



Casas de Allende, Coahuila destruidas por los Zetas/Foto: Víctor Hugo Valdivia

Allende
La masacre de Allende no se conoce en su real dimensión. Existen versiones que afirman hubo alrededor de 300 víctimas, pero el expediente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila (PGJEC), sólo abarca los casos de 42 desaparecidos en un período de 14 meses.

Entre el 18 y el 20 de marzo de 2011, comandos de Los Zetas llegaron a esa localidad, ubicada al norte de Coahuila muy cerca de la frontera. Entre las diferentes versiones de la incursión, la más aceptada es que dos de sus operadores los traicionaron y habrían cobrado venganza con sus familias. La historia ha sido publicada en Proceso, por el corresponsal Juan Alberto Cedillo y por el periodista Diego Enrique Osorno en la revista Vice.

Además de desaparecer a las 26 personas mencionadas, Los Zetas encabezados por los hermanos Miguel Ángel (Z-40 o L-40) y Omar (Z-42 o L-42) Treviño Morales, destruyeron 32 casas y dos ranchos, para lo cual habrían contado con la participación de la policía municipal.

A diferencia del caso de San Fernando, el equipo de investigadores del Colmex-CEAV, pudo consultar el expediente de la PGJEC.

“El expediente que nos entregó la Fiscalía tiene las virtudes y defectos comunes en el sistema judicial mexicano. Su soporte principal son las declaraciones y quienes interrogan no tienen interés en entender el contexto y la causalidad del hecho. Lo único que les importa es encontrar declaraciones inculpatorias. Hay poquísima investigación que valide la veracidad o falsedad de lo dicho. Eso impide establecer con precisión los hechos, asignar responsabilidades y proporcionar justicia y reparaciones”.

Para los redactores del informe la relevancia de lo anterior es que las 49 horas en que se extendió la violencia en ese municipio, fueron apenas un episodio de violencia que afectó a toda la región por más tiempo, pues las represalias contra los dos operadores afectaron a familiares en Piedras Negras y otros municipios.

Inclusive, se menciona que un año después, una familia de cuatro personas emparentada con uno de los dos operadores fue desaparecida en Allende. También se considera que puede haber más víctimas y se añade:

“En tanto no establezcamos con mayor precisión lo que sucedió en esa y otras regiones de la entidad, seguiremos desconociendo el costo humano de unas represalias que por ahora se asocian solamente con Allende. Esa ambigüedad alimenta la idea de que hubo 300 desaparecidos”.

En otro apartado se lee: “Más allá de sus limitaciones para decirnos qué pasó, la principal deficiencia es que el expediente no da razones para explicar la masacre, o mejor dicho, no sigue las que surgen de sus documentos”.

Para los investigadores, en el caso Allende se podría centrar en personajes menores; no indaga sobre la extensión geográfica de la ofensiva brutal y no parece interesarle encontrar la verdad de lo que ocurría en la zona.

“Como se aprecia, la matanza no se limita al municipio de Allende, sino que sus alcances fueron regionales, y su duración fue mayor a sólo un fin de semana en marzo de 2011. Visto de otra forma, la masacre de Allende es un episodio muy trágico dentro de un ciclo de brutalidad en la región. En eso coincide con la masacre de los migrantes en San Fernando.

“Esta es una similitud importante entre Allende y San Fernando, las dimensiones temporales y espaciales son mayores que las que tradicionalmente se les adjudican. O, si se quiere, sólo son un episodio más dentro de una serie de eventos lamentables que asolaron regiones enteras durante periodos extensos de tiempo”.

El desempeño del Estado

Para documentar las masacres, los investigadores precisan que hubo dependencias —como la PGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores— que no entregaron información. Las que sí lo hicieron —CEAV, CNDH y gobierno de Coahuila, entre otras— proporcionaron acervos donde se aprecian debilidades, omisiones y errores.

Hace un análisis de los comportamientos de los tres gobernadores de Tamaulipas y Coahuila en relación a las masacres.

“El tamaulipeco Egidio Torre Cantú y el gobernador interino de Coahuila Jorge Juan Torres López (enero-diciembre de 2011) evadieron todo lo que pudieron la responsabilidad de su gobierno, para lo cual negaban o minimizaban los hechos. Rubén Moreira ha modificado lenguaje, leyes y políticas públicas. Son avances en la dirección correcta que no ofrecen una solución integral a la problemática planteada por las víctimas”.

Además de la ya mencionada observación a que el gobierno coahuilense no busca la verdad, cuestiona que a quienes se tiene bajo proceso por los hechos se les haya imputado el delito de secuestro calificado y, finalmente, menciona que las acciones realizadas por la comisión estatal de atención a víctimas, así como por el ombudsman local, son insuficientes.

“Por lo tanto, puede concluirse que las víctimas de San Fernando y, en menor medida, las de Allende no recibieron el trato adecuado de los gobiernos de los estados.

“Para establecer las posibles responsabilidades del gobierno de Tamaulipas, tendríamos que tener acceso a sus acervos porque, recordemos, el caso fue atraído por instituciones federales. En Coahuila, Rubén Moreira ha sentado las bases de una mejor política y, como permanecerá en el cargo hasta finales de 2017, tendría tiempo para acelerar los trabajos y consolidar una política bien intencionada, pero todavía no consolidada”.

Entre los aspectos que también tienen relevancia en el informe, destaca la participación de la sociedad civil, en especial de defensores de derechos humanos como es el caso del Centro Fray Juan de Larios, que preside el obispo Raúl Vera, y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila. Para los involucrados en el informe, es notable la presencia de organizaciones de la sociedad civil en Coahuila respecto a las que existen en Tamaulipas, lo cual sostienen contribuye a visibilizar más las problemáticas.

Con la revisión de los casos de San Fernando y Allende el informe presenta algunas conclusiones, líneas de investigación e hipótesis de trabajo sobre los siguientes supuestos:

El sistema de atención a víctimas del Estado mexicano necesita una reestructuración a profundidad que responda al reto planteado por la multiplicación de las víctimas. Eso implica, entre otros requisitos, mejorar la empatía y los canales de comunicación entre Estado y sociedad. También es necesaria la comprensión de la búsqueda de la verdad en las autoridades.

En el último anexo, dedicado al derecho internacional, se menciona que esas masacres, ilustrativas de la violencia en la zona, puede encuadrarse en crímenes de lesa humanidad y, finalmente hace un planteamiento:

“Para que el Estado mexicano demuestre su voluntad política y genere esperanzas verdaderas para poner fin a la crisis de atrocidades e impunidad, es necesario que busque el apoyo de la comunidad internacional para hacer frente a la situación. Por esa razón, resulta factible e indispensable que se constituya una entidad de investigación internacional, con sede en México, que tenga el poder de investigar y procesar causas de manera independiente en materia de crímenes atroces y casos de gran corrupción”.

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