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Matar a alcaldes en México

POR JENARO VILLAMIL , 27 JULIO, 2016

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Menos visibilizados que los crímenes contra periodistas, las ejecuciones y homicidios contra los alcaldes mexicanos se han disparado en los últimos años.

Desde 2003 a la fecha suman 40 presidentes municipales asesinados en funciones, siete electos y 32 exalcaldes, sumando 79, de los cuales ocho han ocurrido en la administración de Enrique Peña Nieto, según los datos de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC).

Estas cifras incluyen el asesinato de Ambrosio Soto Duarte, presidente municipal de Pungarabato, Guerrero, y de Domingo López González, alcalde de San Juan Chamula, Chiapas. El primero asesinado en la madrugada del fin de semana, a pesar de las advertencias de amenazas en su contra y de las medidas cautelares que supuestamente tenía. El segundo, producto de una violencia desatada por la lucha entre grupos y facciones del PRI y del Partido Verde, gobernante en Chiapas.

Según la ANAC, las entidades federativas con más riesgo para los alcaldes coinciden con las mismas donde se han registrado el mayor número de periodistas asesinados: Veracruz, Oaxaca, Michoacán y Durango, seguidas por Tamaulipas, Chihuahua, Estado de México, Guerrero y Nuevo León. Son las entidades donde el crimen organizado penetró en las estructuras institucionales y las instancias de procuración de justicia sin encontrar ningún impedimento.


El Alcalde perredista de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte/Foto: Especial



El caso de Soto Duarte vino acompañado de unas desafortunadas declaraciones –por decirlo amablemente- del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, quien recurrió a la vieja táctica de criminalizar a la víctima ante su propia desgracia.

“Llama la atención que haya realizado (Soto Duarte) el viaje en el que perdió la vida a sabiendas de que había sido reiteradamente amenazado, como él mismo lo señaló, por un grupo delictivo, y que dicho viaje lo haya hecho en horas inconvenientes en una zona de alta peligrosidad”, afirmó Astudillo.

Aún no nos ha informado el señor Astudillo cuáles son las horas “convenientes” para que no maten ni amenacen alcaldes en Guerrero.

Incluso, afirmó el lunes 25 de julio que las amenazas a ediles en su entidad son comunes en distintas zonas de la entidad como Chilapa y Zitla, en la región de la montaña baja, producto de la disputa entre cárteles como Los Rojos y Los Ardillos.

“Hay una presión de la delincuencia organizada hacia todo lo que representa el manejo administrativo de los propios ayuntamientos. Prefiero ser responsable que no alarmar; por eso me voy a reunir con los alcaldes, les voy a decir que adopten sus medidas de seguridad”, abundó Astudillo.

Este inédito declarante inaugura así la etapa de Poncio Pilatos frente a la ola de crímenes a alcaldes: lavarse las manos y que cada quien se defienda como pueda.

La otra cara de la moneda es el crimen del alcalde de San Juan Chamula, Chiapas, militante del Partido Verde. Una especie de Fuenteovejuna porril y sin contención de las autoridades estatales decidió asesinar a balazos a Domingo López González.

El gobernador Manuel Velasco, siempre tan oportuno para hacer declaraciones mediáticas y retratarse en eventos de alto impacto, hizo un llamado genérico contra la violencia “inaceptable”, pero no profundizó en un diagnóstico que es cada vez más fehaciente en su entidad: no sólo son las riñas ancestrales sino la presencia del crimen organizado la que ha desatado la nueva ola de violencia en la entidad más pobre del país gobernada por el partido más Mirrey de la era peñista.

En medio de esta ola de crímenes a alcaldes, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, llamó a hacer “un frente común” entre autoridades federales y estatales y afirmó, muy serio, que este tipo de actos “simple y sencillamente no pueden ser tolerados en nuestro país”.

El fenómeno no es aislado sino marca una tendencia que se agudizó en los últimos años: el crimen organizado, como la humedad, penetró en todo el tejido institucional del país y está afectando a la parte más vulnerable de la federación, que son los municipios.

La discusión sobre el “mando único policial” o “mando mixto” simplemente pasó por alto esta realidad. Los alcaldes están siendo asesinados porque quienes mandan realmente en los municipios desde hace tiempo gozan de impunidad política y policiaca.


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