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Encubrimiento “de alto nivel” en la Marina


POR GLORIA LETICIA DÍAZ , 20 MARZO, 2016

El auto de formal prisión a cinco marinos por la desaparición forzada de un joven en Nuevo León no soluciona el caso. Los denunciantes y los defensores de derechos humanos que los apoyaron para documentar el crimen han sido acosados y amenazados desde la Secretaría de Marina, además de que varias instancias del Estado siguen obstaculizando las investigaciones.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Más de dos años después de que Armando Humberto del Bosque Villarreal fuera víctima de desaparición forzada en Nuevo León, un juzgado civil ordenó la formal prisión de cinco marinos como presuntos responsables de ese delito de lesa humanidad, documentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.

Elementos de la Secretaría de Marina/Foto: Juan Carlos Cruz

La dilación para consignar el caso y apresar a los marinos se explica por la “protección al más alto nivel, posiblemente hasta el secretario de la Marina (Vidal Francisco Soberón), quien no es ajeno a los graves abusos que han cometido sus elementos”, dice en entrevista Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), organización que documentó los hechos.
El martes 8 y el miércoles 9, el juez Tercero de Distrito Penal en Nuevo León ordenó la formal prisión para el capitán de corbeta de la Secretaría de Marina (Semar) Raúl Enrique Sánchez Labrada y para los marinos Renato Juárez Arellanes y Alfi Ahumada Espinoza, así como el cabo de comunicaciones Carlos Adán Verduzco Amarillas y Eliseo Sánchez Patrón, tercer maestre administrativo.
Se les señala como presuntos responsables de la desaparición forzada de Del Bosque Villarreal, quien fue detenido el 3 de agosto de 2013 y cuyos restos fueron hallados dos meses más tarde, en las inmediaciones de un campamento de la Marina cercano al poblado de Colombia, Nuevo León, y a la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Los elementos de la Semar rindieron su declaración preparatoria por exhorto a través de videoconferencia en el Juzgado Octavo de Distrito en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México y fueron internados en el penal del Campo Militar Número Uno.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2055, ya en circulación

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