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Ayotzinapa: “Investiguen a la PF y al Ejército”

28 DE DICIEMBRE DE 2014

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Para ellos no hubo Nochebuena. La lluvia enmarcó su protesta frente a la residencia oficial de Los Pinos el miércoles 24. La demanda es la misma que hace tres meses: La presentación con vida de los 42 normalistas de Ayotzinapa que aún están desaparecidos.
Sin embargo se gestó una nueva exigencia: Que se investigue la presunta participación del Ejército y de la Policía Federal (PF) en el ataque del 26 de septiembre a los estudiantes en Iguala, Guerrero.
En su edición 1989, este semanario publicó “la historia no oficial” de aquellos hechos. Los periodistas Anabel Hernández y Steve Fisher documentaron que la PF participó activamente en la agresión a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y contó con la complicidad de los militares.

Simpatizantes de normalistas instalan plantón afuera de la PGR. 
Foto: Xinhua / Alejandro Ayala

El reportaje mostró que, contra la versión del gobierno federal, éste sí conoció los hechos en tiempo real mediante los funcionarios federales adscritos a los C4 de Chilpancingo e Iguala, y confirmó que fueron torturados al menos cinco de los supuestos miembros de Guerreros Unidos usados por la Procuraduría General de la República (PGR) para dar forma a la versión oficial contra el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y la policía de ese municipio.
Padres, madres y hermanos de los desaparecidos, con su representante legal, refrendan que no le creen al gobierno y siguen exigiendo justicia.
En entrevista durante su protesta sobre la calzada Chivatito, cerca de Los Pinos, lugar al cual les impidieron llegar policías federales, Felipe de la Cruz, Omar García, Vidulfo Rosales Sierra y la madre de familia Metodia consideran que el Ejército tiene responsabilidad directa en la desaparición de los jóvenes.
“Nosotros les exigimos en varias ocasiones, en las mesas de diálogo, que se tenía que abrir una investigación a los militares, a la PF y a la Policía Municipal. Únicamente se han enfocado a la municipal, aunque los militares participaron y también tienen que ser castigados”, indica De la Cruz, vocero de los familiares afectados”.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1991, ya en circulación)

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